Nicaragua está a ocho meses de las elecciones generales de noviembre y el partido de gobierno ya comenzó a mover todas sus estructuras para promover el voto en la casilla número dos, que corresponde al Frente Sandinista de Liberación Nacional.
En el centro de salud Edgar Lang, en Managua, un mural muestra un afiche con la frase “Presidente del pueblo 2021” y una fotografía del presidente Daniel Ortega. Además, un enorme número “2”, adornado con flores junto a una frase que dice "año de las victorias electorales", evidencian los esfuerzos de visibilizar al exguerrillero como candidato y principal benefactor de las necesidades del pueblo.
Escenarios como este se repiten en casi todas las instituciones del estado, mientras el gobierno también ha aprovechado los programas sociales para promover el voto entre sus simpatizantes.
El politólogo José Antonio Peraza aseguró a la Voz de América que es un delito electoral que el partido de gobierno utilice los recursos y las instituciones del estado para promoverse políticamente.
“Esa va a ser la tónica que vamos a ver durante todo el proceso electoral. Todo está mal, pero esta es una sociedad que no está normal, siempre ha habido abusos del Estado y con esta gente peor. Por la víspera se saca el día aquí, lo que podemos hacer es tratar de igualar en oportunidad a la oposición”, afirmó Peraza.
En Nicaragua existen dos escenarios que retratan el ejercicio de los derechos políticos: por un lado los partidarios del Frente Sandinista organizan actividades en los barrios e instituciones públicas para promover la reelección de Ortega, mientras los líderes opositores son asediados por agentes de la policía nacional en sus casas y no tienen la posibilidad de reunirse o participar en actividades políticas.
Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo que “el gobierno sandinista ha conformado una especie de estado-partido en el cual hace uso de los recursos públicos para hacer proselitismo político. Esto es totalmente incompatible con los principios y parámetros de un estado de derecho que sabemos que en Nicaragua es inexistente”.
En el país al menos unos 80 opositores y líderes locales y nacionales de las organizaciones opositoras sufren asedio permanente o regular de la Policía Nacional, que les impide salir de sus casas o de sus ciudades o departamentos, o bien los persigue y hostiga a donde quiera que se movilizan, de acuerdo a las denuncias.
El opositor Félix Maradiaga, integrante de la Coalición Nacional y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, denunció que agentes de la policía le han informado “verbalmente” que lo tienen en “casa por cárcel”.
Maradiaga asegura que tiene “tres meses” de vivir el asedio en su casa con una “modalidad arbitraria”, sin embargo, asegura que la institución ha pasado a una nueva modalidad, pues le han indicado a donde se puede movilizar.
La abogada María Asunción Moreno, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, detalla que esta “casa por cárcel de facto” violenta los derechos fundamentales previstos en la Constitución y en tratados internacionales en materia de derechos humanos, tales como el derecho de toda persona de movilizarse o circular con libertad, expresar sus ideas, el derecho a la asociación y reunión pacífica, seguridad y libertad individual, inviolabilidad del domicilio, el debido proceso, entre otros.
Daniel Ortega ha sido el único candidato a presidente de la república por el Frente Sandinista desde el año 1984 y se mantiene a cargo del Poder Ejecutivo desde hace 14 años, cuando ganó las elecciones tras un cuestionado arreglo político con el expresidente Arnoldo Alemán que le permitió obtener espacios políticos y mayor representatividad en los poderes del Estado.
Sin embargo, su gobierno ha sido cuestionado nacional e internacionalmente después de su respuesta contra las protestas sociales ocurridas en abril de 2018 y el país sigue sumergido en una seria crisis social.
