El excoronel salvadoreño Inocente Montano, para quien la fiscalía solicita una condena de 150 años de cárcel por su papel en la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras durante la guerra civil de 1989 en El Salvador, será el único acusado en el juicio que comenzó el lunes en España.
En el caso del otro implicado el exteniente René Yusshy Mendoza la Audiencia Nacional española declaró prescritos los hechos y valoró así la petición de la defensa de declarar extinguida su responsabilidad penal. Mendoza pasará ahora a colaborar como testigo y su primera aparición ante la justicia, para prestar declaración, será el próximo 7 de julio.
Montano actualmente está en prisión preventiva, la cual cumple desde su extradición en noviembre de 2017 desde Estados Unidos, donde vivía y estuvo dos años encarcelado. La fiscalía le acusa de cinco cargos de terrorismo, uno por cada sacerdote de nacionalidad española fallecidos en la matanza.
De acuerdo con el ministerio público, Montano, que por aquel entonces ostentaba el cargo de viceministro de Defensa de El Salvador, no solo participó en los asesinatos sino que también formó parte de “la decisión y diseño” de los asesinatos, así mismo organizó junto a otros militares "una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población".
Mártires
Montano es el primero en llegar a juicio por la matanza acontecida el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), pues la Corte Suprema de Justicia Salvadoreña rechazó la entrega de los militares que se encontraban aún en el país.
La acción fue ejecutada por el ahora proscrito batallón Atlacatl, que tiroteó a los religiosos españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López y a la mujer y la hija del guardián de la universidad, Elba y Celina Ramos.
En un comunicado, los jesuitas en España señalaron que la repercusión internacional de la matanza de los llamados "mártires de la UCA" causó "cambios en la situación de El Salvador, y contribuyó a acabar con la impunidad".
"Sin embargo, la revisión del pasado no fue ni exhaustiva ni restauradora (...). Más de treinta años después todavía no se ha hecho justicia. El juicio se tiene en España porque no ha habido modo de que llegue a celebrarse en El Salvador. Ojalá se pueda poner luz sobre lo ocurrido entonces", dijo la iglesia.
En El Salvador, la Compañía de Jesús de Centroamérica dijo que confía en que se revele "la verdad" e insistió en que "el dolor causado" por el crimen "no se resuelve con el olvido", por lo que anima al coronel Montano a dar a conocer todo lo que sabe sobre los hechos.
El abogado Manuel Ollé, representante en el juicio de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, señaló el proceso como "un complemento a la ausencia de justicia en El Salvador". "Es un juicio muy importante porque se va a demostrar que es posible combatir la impunidad", afirmó a la AFP.
Antes del asesinato, los jesuitas, en especial Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, mediaron entre el gobierno y la entonces guerrilla opositora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para terminar la guerra civil iniciada en 1980.
El Salvador puso fin a la guerra civil en 1992 con un acuerdo de paz mediado por la ONU entre el gobierno y la guerrilla, tras 12 años de un conflicto que dejó más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.
(Con información de AFP)
