El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, (COSEP), José Adán Aguerri, denunció que el Gobierno del presidente Daniel Ortega, decidió gravar las importaciones de respiradores médicos.
Aguerri asegura que además, a través del mecanismos de duda de valor, ha encarecido el ingreso al país de mascarillas quirúrgicas, lo que representa una amenaza para la población que requiere estos insumos médicos para hacer frente a la pandemia.
“Los ventiladores, que hoy son fundamentales para salvar vidas, antes de este cambio estaban registrados bajo una partida donde no tienen porqué pagar el 15% de IVA. ¿Qué están haciendo las autoridades aduaneras ahora? Están haciendo una reclasificación donde obligan a que ese ventilador pague impuestos” dijo el líder de la cúpula empresarial.
![El sector de enfermería está en primera línea en en combate al COVID-19. [Foto: Daliana Ocaña/VOA]](https://gdb.voanews.com/fd8d7e0f-62a2-42ea-ae00-2394e4e40fc3_w100_r1.jpg)
Aguerrí destacó que la medida es impulsada por la “necesidad recaudatoria” que afecta en este momento al Gobierno sandinista.
“Estamos empezando a ver una necesidad de recaudación que riñe contra la propia necesidad de salvar vidas en este momento”, añadió el empresario quien junto a la gremial hacen un llamado al Gobierno a revertir la medida impuesta por la Dirección General de Aduanas.
Sobre el tema, el economista Luis Murillo explicó a la Voz de América que la medida arancelaria afecta los derechos humanos de los nicaragüenses.
“Tiene el objetivo fundamental de recaudar una determinada cantidad de recursos afectando los derechos humanos y los derechos de salud que tenemos todos los nicaragüenses. Se está utilizando un artificio de reclasificación, se hizo una modificación y están equiparando ventiladores respiratorios con abanicos domésticos”, dijo a la VOA.
Por su parte, médicos independientes aseguran que la medida de gravar los ventiladores médicos y los oxímetros, no solo estarían yendo en contra de la Constitución Política de Nicaragua sino también en contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Aduanas, que pidieron a los gobiernos liberar de impuestos los productos médicos que se están utilizando en la lucha contra la pandemia.
José Luis Borge, miembro de la Unidad médica nicaragüense, considera que la dirección general de aduanas viola el Artículo 114 de la Constitución que exime de impuestos algunos insumos como vacunas, medicamentos y otros.
"Parece que el gobierno además, quiere castigar a quienes están proponiendo el uso de medios de protección personal y esto lo que hace es exponer más a la población. Al aumentar los costos de importación de estos productos, estaríamos más expuestos al virus, es como querer exponer de cualquier forma a la población al contagio del coronavirus y penalizar a todo aquel que trate de protegerse" denunció el doctor Borge.
Protegidos por orden Constitucional
El artículo 114 de la Constitución Política de Nicaragua prohíbe los impuestos de carácter confiscatorio y añade que “Estarán exentas del pago de toda clase de impuesto los medicamentos, vacunas y sueros de consumo humano, órtesis y prótesis, lo mismo que los insumos y materia prima necesarios para la elaboración de esos productos de conformidad con la clasificación y procedimientos que se establezcan.”
Hasta la fecha el gobierno ha ignorado la denuncia y la ministra de Salud, Martha Verónica Reyes, sostiene semanalmente que el Estado sigue los pasos y recomendaciones pertinentes para contener el impacto de la pandemia de COVID-19 en el país.
Todo esto sucede en momentos en que se desconoce el monto que el Gobierno de Nicaragua está invirtiendo para combatir la pandemia, y cuando a diario al menos 50 nicaragüenses se contagian de COVID-19, según cifras oficiales.
Esas cifras podrían ser aún mayores si se compara con Centroamérica, que en promedio, reporta 2,666 casos nuevos cada 24 horas, y pese a que los gobiernos vecinos, a diferencia de Nicaragua, han adoptado duras medidas de contención del virus.
