En días recientes tres periodistas de los medios de comunicación salvadoreños: El Diario de Hoy, Diario El Mundo y Telecorporación Salvadoreña (TCS) han denunciado agresiones físicas, daños materiales, amenazas y retenciones por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras realizaban coberturas periodísticas.
Ante el silencio de la institución en torno a los hechos, la Voz de América conversó con dos de los periodistas agredidos recientemente; un periodista especializado en coberturas de violencia criminal; el relator para la libertad de prensa de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y una abogada penalista, con el objetivo de entender la relación entre la fuerza pública y la prensa en coberturas recientes.
Entre enero y el 20 de agosto de 2021, la Mesa de Protección a Periodistas de la APES ha señalado a la Policía de haber cometido 38 agresiones a periodistas; un número que a criterio del relator para la libertad de prensa en el país, Serafín Valencia, convierte a la institución en la principal agresora de comunicadores en El Salvador.
“Si la prensa documenta hechos de violencia, evidencia algo que el gobierno publicita como uno de sus mayores logros: el Plan Control Territorial. En la medida en que a través de los medios se difundan imágenes sobre hechos violentos, el plan se desvirtúa. Y creo que eso tiene que ver con que los agentes policiales se vuelvan más agresivos con la prensa”, aseguró.
Un hecho que la Voz de América buscó contrastar con la institución, pero no hubo respuesta del equipo de comunicación asignado a prensa internacional.
Sin embargo, el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro dijo a inicios de junio, en una entrevista radial que la institución “le está dando seguimiento a muchos periodistas” que hacen “apología” al cubrir hechos de violencia.
El funcionario agregó que existe “un manejo irresponsable” de la información y por ello se está “monitoreando constantemente” a los periodistas que lo hacen.
El 7 de julio, Jorge Beltrán Luna, un periodista con 19 años de experiencia en el rotativo El Diario de Hoy, dio cobertura al hallazgo del cadáver de un joven que había desaparecido días antes. En las cercanías de la escena fue golpeado en el rostro por un subinspector de la policía, un hecho documentado en video y publicado en redes sociales.
En una entrevista con la Voz de América, el periodista aseguró que se sentía indefenso tras los hechos: “Ellos portan un arma, están uniformados y tienen la potestad de una autoridad. En cambio uno solo tiene los argumentos legales que nos amparan para decirles ‘ustedes están cometiendo un abuso’”, dijo.
En el caso de Beltrán Luna hubo reacciones por parte del fiscal general Rodolfo Delgado, quien aseguró que antes de emitir una opinión debía analizar los hechos, pues no podía basarse en los videos publicados en las redes sociales. Y aseguró que si el periodista se consideraba ofendido podía acercarse a la Policía o a la Fiscalía a denunciar.
Al día siguiente de la agresión, el periodista acudió a la Fiscalía y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a denunciar por agresiones físicas al oficial Raúl Martínez Velásquez.
El relator para la libertad de prensa agregó que estas agresiones hacia periodistas vienen desde las esferas altas del Estado; “a través de funcionarios de gobierno que luego se reproducen en elementos de la seguridad pública”.
Policía destruye equipo y retiene a periodistas
El 20 de agosto, un mes y medio después de la agresión a Beltrán Luna, un fotoperiodista y un camarógrafo que cubrían la recuperación de un cadáver en San Salvador denunciaron amenazas, daños al equipo y retenciones por parte de policías luego de que estos impidieron una cobertura periodística.
Los comunicadores pertenecen a la televisora Telecorporación Salvadoreña (TCS) y a Diario El Mundo, un rotativo de circulación nacional. La primera retiró la denuncia en redes sociales y dijo que había sido un malentendido entre los periodistas y los policías. Mientras que el periódico mantuvo la denuncia.
La Voz de América conversó con Gabriel Aquino, uno de los periodistas retenidos: “El periodismo actual (en El Salvador) se ve prácticamente igual que en los años 80; se ve en peligro, una vez más amenazado por una entidad que se supone que nos debe proteger”.
En la época a la que el periodista hace referencia, El Salvador iniciaba una cruenta guerra civil entre grupos guerrilleros y militares, la cual acabó en enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz. De esa firma surgió la Policía Nacional Civil, una institución no adscrita al Ministerio de Defensa que tenía como principal misión el respeto a los derechos humanos.
A criterio de David Marroquín, un periodista que cubrió esa guerra y que ahora se especializa en hechos de violencia en el país centroamericano: “Es preocupante que la Policía esté retomando abusos de autoridad que se cometían durante el conflicto armado. Sobre todo cuando se trata de una institución que surgió de los Acuerdos de Paz”.
Luego de 37 años de ejercer el periodismo en El Salvador, recordó una agresión a su persona cometida por militares de la época. En 1989 fue retenido sin justificación mientras se dirigía a la televisora donde trabajaba, pese a que mostró su identificación de prensa.
Las facultades legales de la Policía
Una de las funciones de la Policía es acordonar y proteger la escena del delito que consiste en delimitar un perímetro de seguridad que no contamine la escena. Pero no puede usar la fuerza en contra de periodistas o cualquier otra persona que esté fuera de la zona acordonada, explicó la abogada penalista Marcela Galeas.
“La Policía tampoco tiene las facultades de incautar cámaras o cualquier otro utensilio de trabajo de comunicadores, debido a que no son instrumentos del delito”, agregó la abogada respaldada en el artículo 283 del Código Procesal Penal salvadoreño.
Galeas dijo que en el caso de los periodistas hubo agresión y un uso injustificado de la fuerza. Asimismo dijo que no podía tratarse de un malentendido entre la policía y los comunicadores porque hubo retenciones y daños al equipo de prensa.
En 2020, la Mesa de Protección a Periodistas de la APES registró 125 agresiones a la prensa cometidas por distintos actores. En siete meses de 2021, la cifra llegó a 171.
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