El fiscal general de El Salvador dijo el viernes que investigará una supuesta negociación entre la administración del presidente Nayib Bukele y líderes de una peligrosa pandilla que habría tenido como objetivo reducir los homicidios en el país y obtener apoyos electorales a cambio de beneficios carcelarios.
Citando documentos oficiales del sistema penitenciario, el periódico El Faro publicó en la víspera que altos funcionarios llevan más de un año conversando con cabecillas de la Mara Salvatrucha, uno de los grupos de delincuentes responsables de la ola de violencia en Centroamérica en los últimos años.
"En este caso, por supuesto que vamos a investigar, vamos a abrir la investigación correspondiente y vamos a ver qué es lo que sucede. Nadie debe de aprovecharse de la institucionalidad para negociar con terroristas", dijo el fiscal Raúl Melara en un canal de televisión.
Durante los 14 meses de la gestión de Bukele, El Salvador ha reportado una notable reducción de la cifra de homicidios, que con 829 casos ha caído en un 56% de enero a septiembre respecto al mismo período del año anterior.
El Gobierno, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters sobre la investigación de la fiscalía, atribuye el fenómeno a la implementación de un plan de seguridad en los territorios bajo dominio de las pandillas y a medidas más estrictas en las cárceles.
Varios políticos y exfuncionarios de los partidos de derecha e izquierda del país han sido investigados y procesados judicialmente por supuestos acuerdos con esas bandas, famosas por su ferocidad, rituales y tatuajes, a cambio de beneficios y respaldo electoral.
El Salvador, Guatemala y Honduras, sufren desde hace años en sus calles la violencia de las pandillas o maras, que tienen sus raíces en la actividad delictiva de inmigrantes centroamericanos en la ciudad estadounidense de Los Ángeles en los años 1980 y 1990.
