![Un grupo de salvadoreños organizados de emergencia ante la grave crisis institucional que atraviesa El Salvador temen persecución a opositores. [Foto de archivo]](https://gdb.voanews.com/45fe64f9-24a5-4e8d-b69d-dba3b063cde6_w250_r1_s.jpg)
Un grupo de salvadoreños activados de emergencia en Washington ante la grave crisis institucional que atraviesa su país expresó la tarde de este martes, en un pronunciamiento, que temen una eventual escalada de persecución contra opositores en El Salvador a razón de las primeras señales dadas desde el gobierno central y su Asamblea Legislativa estrenada el sábado.
Expresan su preocupación, a la luz de las primeras acciones del legislativo salvadoreño de destituir en pleno a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general de la república, en clara coordinación con Casa Presidencial, fuera de los procesos que manda la ley.
Además enumeran las acciones de hostigamiento impuestas por los aparatos de seguridad del Estado contra los jueces removidos, por lo que temen una ola de persecución a mayor escala a medida que crezca la indignación en sectores de la ciudadanía .
Sobre todo, dicen, por el control total del Ministerio Público, tomado de “forma abrupta”, sin debatirse la existencia de causas legales para la destitución del fiscal general, como manda el artículo 192 del marco jurídico vigente de la Constitución de la República.
“Una Fiscalía General de la República al servicio del presidente permitirá la corrupción e impunidad de los miembros del gobierno de turno y sus aliados. Asimismo, presenta una amenaza de persecución y encarcelamiento de opositores al régimen; periodistas independientes, defensores de derechos humanos, intelectuales y otros miembros de la sociedad que no se alineen al gobierno de turno”, dice el pronunciamiento emitido en Washington.
Sostienen que la elección de funcionarios “obedientes al presidente de la república” y no a la Constitución ni al marco jurídico internacional del que El Salvador es signatario, pone en serio riesgo la protección de los derechos ciudadanos cuando estos sean vulnerados por el poder del estado.
Señalan que los magistrados “de facto” para la Corte Constitucional fueron elegidos sin ninguna evaluación o debate público sobre sus perfiles y calificaciones para ocupar el cargo, y saltándose los procedimientos legales tanto del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa para elegir ternas, como de otras leyes secundarías que dan certeza al proceso.
“Responsabilizamos al régimen de Bukele por cualquier acto que atente contra la vida, bienes e integridad personal de los salvadoreños, especialmente contra aquellos que hemos manifestado nuestro rechazo al autoritarismo… condenamos los ataques promovidos por funcionarios públicos y por personas afines al partido Nuevas Ideas en contra de las personas que cuestionan los abusos de poder”, sostienen.
Abogado demanda nulidad de actos ante otra sala de CSJ
Ante la situación del país centroamericano, el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya, presentó una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, donde pide a los jueces encargados de ventilar daños del Estado contra ciudadanos, impugnar los nombramientos de los ocupantes de la Corte Constitucional impuestos por la Asamblea Legislativa.
El letrado experto en derecho constitucional dice que “el nombramiento está viciado de nulidad absoluta, ya que se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la elección de magistrados de la CSJ, incluyendo la Sala de lo Constitucional”, según consignaron esta tarde medios de comunicación salvadoreños con acceso a la demanda.
El constitucionalista reclama a la Sala de lo Contencioso Administrativo anular lo que llama "el adefesio legal" porque ninguno de los ocupantes de las sillas del Supremo ha entrado en las listas presentadas el pasado 30 de abril por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) a la anterior asamblea y no hubo debate público sobre los perfiles de los abogados impuestos, como ordena la ley vigente.
Desde el ejecutivo liderado por Nayib Bukele se ha minimizado hasta ahora todos los pedidos tanto de la comunidad internacional y organizaciones con poder de acción vinculante para el Estado salvadoreño ante lo que consideran un flagrante quiebre de la institucionalidad democrática.
Este martes senadores y representantes de Estados Unidos desde ambas cámaras del poder legislativo federal han calificado las acciones del fin de semana como una “emboscada autocrática" o "golpe brutal a la democracia de El Salvador”, entre otras expresiones de preocupación.
El presidente Bukele sin embargo ha arreciado su presencia en redes sociales para validar sus acciones ante la población que votó en mayoría a su favor en las elecciones del pasado 9 de febrero. La noche del martes llamó a una cadena nacional de radio y televisión ante la presión nacional e internacional que sigue aumentando.
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