Una de las propuestas insignes en la campaña del ahora presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue la firma de un convenio con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES), tomando como base el modelo implementado en Guatemala.
El convenio fue una realidad en septiembre de 2019, a solo unos meses de que el mandatario asumiera la presidencia del país centroamericano. Pero ese convenio, firmado con la Organización de los Estados Americanos (OEA), llegó a su fin este 4 de junio, después de que la Fiscalía General de El Salvador anunciara su ruptura.
“Voy a solicitar a Cancillería que se anule ese convenio, porque aquí estamos abiertos a trabajar con la comunidad internacional y recibir apoyo para el combate a la impunidad, pero no es posible recibir este tipo de apoyo por parte de una organización que ahora tiene la asesoría de un delincuente", dijo el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado.
La Fiscalía justifica la anulación del convenio luego de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció el pasado 3 de junio, la contratación del exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt como asesor de la OEA.
Muyshondt, quien gobernó la capital salvadoreña entre 2018 y 2021, bajo la bandera de la derechista ARENA, enfrenta un proceso penal por fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Horas después de la separación de la CICIES y la Fiscalía, esta última pidió la detención del exalcalde.
A criterio del experto en relaciones internacionales, política exterior e integración centroamericana Napoleón Campos, no se justifica la razón del término del convenio. “No tiene sentido estar personalizando la política exterior (…); mencionar una contratación del secretario general de la OEA para cortar un convenio de tanta seriedad como el de la CICIES, me parece poco responsable”.
CICIES, la apuesta de Estados Unidos
En la primera visita que hizo el enviado especial del Departamento de Estado a El Salvador y Guatemala, Ricardo Zúñiga, el funcionario anunció la concesión de 2 millones de dólares para la CICIES en El Salvador.
En esa visita, el comisionado de la institución anticorrupción, Ronald Ochaeta, dijo que, en un año y dos meses, la CICIES había dado aviso de 25 casos de corrupción en el país centroamericano, 12 de los cuales eran casos en instituciones públicas.
“El Salvador necesita una política exterior más abierta para poder resolver sus problemas estructurales: corrupción, precariedad, subdesarrollo. (…) Nuestra prioridad debería ser estar procurando todas las fuentes de cooperación posible”, agregó Campos a la Voz de América.
En los últimos meses, Estados Unidos ha cambiado su ruta de apoyo a El Salvador. USAID retiró los fondos a instituciones como la Fiscalía, la Policía y el Instituto de Acceso a la Información Pública. La ayuda ahora será para las organizaciones de la sociedad civil.
La embajada en Estados Unidos en El Salvador lamentó la decisión del gobierno salvadoreño en terminar el convenio con la CICIES, y agregó que de igual forma buscará “reducir y combatir la corrupción e impunidad” en el país centroamericano.
En una teleconferencia este 4 de junio, el enviado especial del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, dijo que Estados Unidos ha sido un firme partidario del establecimiento de la CICIES en El Salvador, y que tras la ruptura, el gobierno examinará la manera de utilizar los recursos para mejorar la gobernanza en El Salvador.
Una CICIES que nació débil
La CICIES salvadoreña nunca tuvo autonomía en materia penal. A diferencia de la CICIES de Guatemala, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que sí tuvo una Fiscalía propia, la CICIES en El Salvador solo podía dar recomendaciones o asistir a la Fiscalía General.
Aunque en septiembre de 2019 el presidente salvadoreño dijo que iban a darle más herramientas legales a la CICIES para investigar, esto no ocurrió en la práctica.
“Al inicio se dio una discusión sobre la inconstitucionalidad de la CICIES, la fuerza que iba a tener, la independencia, y también el posible conflicto con el mandato de la Fiscalía. Luego, despejadas algunas dudas, se estableció la CICIES en un convenio bastante débil”, dijo a la VOA Saúl Bolaños, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Y es que el convenio que se suscribió entre la CICIES y El Salvador no tenía una obligatoriedad en su cumplimiento. Tampoco tenía autonomía financiera ni funcional. Aunque había expectativas positivas, el rol de la CICIES seguía siendo cuestionado por las debilidades del acuerdo.
“La incomprensible y errónea decisión de la OEA de anunciar el nombramiento de Muyshondt como asesor la podemos interpretar como una concesión con la Fiscalía para que pueda utilizar eso como justificación para el rompimiento del convenio. Pero las razones de la Fiscalía son otras. Ya había anunciado que revisaría el convenio hace unas semanas”, agregó Bolaños.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones; o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
