La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador decretó el jueves el cierre de la causa penal por la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres durante la guerra civil en 1989, así lo dio a conocer el abogado español Arnau Baulenas, coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
Baulenas, publicó la noticia en su cuenta de Twiter, donde citó: “Caso Jesuitas: la Sala de lo Penal revoca la decisión del Juzgado de Paz y la Cámara y declara que el caso en contra de los autores intelectuales NO procede. Esto en respuesta a un recurso que a todas luces era INADMISIBLE e irrespetando sus propios precedentes”.
El abogado dijo que la causa no está perdida y que aún se puede presentar un recurso de amparo, pero primero "nos debemos de sentar con las víctimas, analizar la resolución y ver qué decisiones tomamos".
De acuerdo con el letrado, un juzgado de paz salvadoreña, a raíz de la anulación de una ley de amnistía de 1993, y a petición de la UCA, ordenó en 2017 reabrir el proceso, sin embargo, varios recursos presentados por la defensa demoraron el comienzo de las diligencias de la Fiscalía General de la República (FGR).
La agencia de noticias Reuters citó que Lisandro Quintanilla, un abogado que representa a dos de los oficiales militares sospechosos de estar involucrados en las muertes, les confirmó que “la corte había detenido la investigación”.
Medios locales como elmetropolitanodigital.com publicaron que la CSJ ordenó el sobreseimiento definitivo por “considerar que la acción penal había prescrito” por haber transcurrido más de 10 años desde la masacre al momento que la FGR presentó la acusación, límite máximo que establece la ley en el país centroamericano para perseguir un delito.
Anteriormente, Estados Unidos prohibió el ingreso a más de una decena de militares de El Salvador que participaron en la matanza.
En meses pasados, España acusó a 20 exoficiales del ejército salvadoreño en relación con el delito. También se condenó a 133 años al exviceministro de Seguridad Inocente Montano por el homicidio de los religiosos originarios de España.
