Legisladores estadounidenses esperan que el gobierno estadounidense imponga sanciones a los cinco funcionarios y exfuncionarios salvadoreños señalados por corrupción en una lista preparada por el Departamento de Estado.
El reporte, desclasificado el miércoles, lista a una actual funcionaria y un exministro del gobierno del presidente Nayib Bukele. Señala además, a un líder opositor y exfuncionario, un congresista aliado de Bukele y un exlegislador del FMLN.
Las cinco personas incluidas en la lista “se presume de forma creíble que han cometido o facilitado la corrupción o el tráfico de estupefacientes", se lee en el documento, al que tuvo acceso la Voz de América.
La jefe del gabinete de gobierno de Bukele, Carolina Recinos, es la funcionaria de más alto rango incluida en la lista y se le acusa de “participar en actos significativos de corrupción durante sus funciones en el cargo”.
Los legisladores demócratas Albio Sires y Norma Torres -quién encargó el informe- dijeron el martes que esperan que EE. UU. tome medidas para sancionar a los individuos señalados.
Preguntado por la VOA si el reporte puede conllevar a sanciones, y si esto es lo que está buscando el legislativo estadounidense al encargarlo, Sires respondió que sí.
“Sanciones en el hecho de que no puedan participar en ciertos negocios o algo de eso con el gobierno” de EE. UU., dijo el legislador por el estado de Nueva Jersey en la Cámara de Representantes.
![La congresista Norma Torres concedió una entrevista a la Voz de América vía telefónica el miércoles 5 de mayo de 2021. [Foto: Archivo/Reuters]](https://gdb.voanews.com/f09ce877-4648-4a97-bbcd-ee86f8bd3ec1_w100_r1.jpg)
Torres, quien representa al distrito 35 de California, fue más tajante: “Si sabemos que alguien es corrupto, espero que nuestro gobierno use todas las palancas a su disposición, incluyendo sanciones, restricciones de visa y retirar el apoyo para disuadir futuros actos”, dijo la legisladora en un comunicado.
El Departamento de Estado declinó comentar sobre el asunto, pero un portavoz aseguró que se toma “seriamente todas las denuncias de corrupción”.
El documento original desclasificado señala que el Departamento de Estado “revisa continuamente información” sobre “objetivos potenciales” identificados “internamente o recibidos por el Congreso” y trabaja con el Departamento de Tesoro para imponer sanciones “cuando sea adecuado”.
En la lista completa, donde también están funcionarios y legisladores de Honduras y Guatemala, se señala a los dos funcionarios guatemaltecos que fueron sancionados a finales de abril por el Departamento de Tesoro.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele criticó la lista en una serie de tuits, alegando que no está relacionado con el combate a la corrupción, sino que es una cuestión “geopolítica”. El mandatario también criticó que no se hubiera incluido a miembros de ARENA, un partido opositor.
Los últimos dos presidentes salvadoreños llevados por ARENA al Ejecutivo fueron acusados de corrupción en El Salvador. Uno murió durante el proceso judicial. El otro continúa preso por malversar 300 millones de dólares.
Guillermo Gallegos, diputado y miembro de la junta directiva de la Asamblea Legislativa también aparece en el informe. Gallegos fue miembro de ARENA y ahora es líder del partido GANA, institución que llevó al presidente Bukele a ganar las elecciones presidenciales en 2019.
El informe aclara al inicio que incluye sólo a funcionarios y exfuncionarios que hayan cometido o facilitado la corrupción en los “últimos dos años”. Bukele subió al poder a mediados del 2019.
El representante Sires, respondiendo a los comentarios de Bukele, dijo a la VOA que no le “preocupa mucho” lo que dice el presidente de El Salvador.
“Yo creo que va por el mismo camino que Maduro, que Chávez. Popular al principio, y mira dónde está Venezuela hoy día. (…). Tiene que tener mucho cuidado con las acciones que está tomando en su país”, dijo Sires.
Torres, por su parte, aseguró que Bukele “hizo campaña en contra de la corrupción mientras que se rodea de actores corruptos”.
La Casa Blanca ha dicho a la VOA que la lucha contra la corrupción es una de sus prioridades en política hacia los países del llamado Triángulo Norte (Honduras, Guatemala, El Salvador) y que actuará para erradicarla aunque provenga del presidente.
Aunque el Congreso de EE. UU. tiene la autoridad de introducir nuevas sanciones por medio de legislación, es más común que pase legislación sobre el sistema de sanciones que las imponga, según un reporte del centro de pensamiento Atlantic Council.
En los últimos años, las sanciones a individuos por parte de EE. UU. han provenido del Departamento de Tesoro -en conjunto con el Departamento de Estado- y, a nivel individual, van desde la congelación de activos en EE.UU., prohibir a estadounidenses hacer negocios con una persona o revocar su visa.
