La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza al menos 328 asesinatos de carácter político y más de 2.000 heridos durante los últimos tres años en Nicaragua, como parte de la ola represiva impuesta por el gobierno de Daniel Ortega en contra de la oposición.
La CIDH condena la impunidad de estos crímenes cometidos por agentes del Estado o por civiles amparados por las fuerzas de seguridad en contra de manifestantes, líderes estudiantiles, activistas, campesinos y cualquier opositor al gobierno encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que funge como vicepresidenta del país.
A ello se suma las detenciones arbitrarias y con cargos criminales, por el hecho de ser opositores a unas 1.614 personas, como parte de las represalias del gobierno para callar las denuncias y las voces de sus detractores desde que se agudizó la crisis a principios de 2018.
“Desde su visita, el 17 de mayo de 2018 hasta la fecha, la CIDH ha documentado la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la represión violenta a las protestas sociales iniciada en abril de ese mismo año. De acuerdo con la información registrada a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), hasta la fecha, la crisis de derechos humanos en Nicaragua ha resultado en al menos 328 personas fallecidas y, unas 2.000 heridas, como consecuencia de la actuación de agentes estatales o de civiles actuando con la aquiescencia y tolerancia de éstos”, reza un comunicado difundido este martes por la CIDH en Washington.
También la Comisión Interamericana señala el quebrantamiento del Estado de Derecho en el país centroamericano que, tiene previsto un nuevo proceso electoral para este año, del que ya abundan las denuncias por realizarse en un ambiente polarizado y con los dados cargados a favor del oficialismo.
La CIDH incluyó en su Informe de Derechos Humanos 2020, publicado el 16 de abril, capítulos por separado a Nicaragua, Venezuela y Cuba dada la gravedad de la situación de derechos humanos en esos países.
Para reducir la escalada de violencia política y violación de libertades fundamentales la Comisión Interamericana “urge al Estado a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática, en especial mediante procesos que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas y sus familiares”, dice el comunicado.
Los observadores de derechos humanos en el país centroamericano también dan cuenta de prácticas sistemáticas de malos tratos a detenidos, casos que podrían alcanzar el umbral de la tortura, denuncia la Comisión.
También, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) da cuanta que al menos 100.000 personas han migrado desde Nicaragua hacia otros países en protección de su vida, integridad y libertad personal como parte de la crisis.
La Comisión Interamericana resaltó en el Informe 2020 que luego de concluir su trabajo y redacción del estudio de país, lo comunicó al los gobiernos a través de los mecanismos oficiales para tener respuesta; Nicaragua y Venezuela que son parte del organigrama institucional de la Organización de Estados Americanos, OEA, y miembros firmantes de la CIDH, pero no respondieron con observaciones a los señalamientos del informe.
Clamores de la sociedad ante violaciones masivas de derechos humanos
Los grupos de apoyo de la sociedad civil y organizaciones de derecho humanos que trabajan sobre el terreno en Nicaragua, que colaboran con la CIDH, también han alertado a la Comisión rectora y vigilante de los derechos fundamentales en el hemisferio occidental, sobre los reiterados abusos del estado en contra de colectivos vulnerables como la comunidad LGBTI, que abarcan desde irrespeto a su identidad hasta violaciones sexuales.
Además, señalan el maltrato reiterado e impune en contra de niños y adolescentes en el marco de la crisis política del país, que abarca desde ataques certeros durante las protestas como privación de libertad al que se atreva a participar en manifestaciones.
“La Comisión recuerda que de acuerdo con la información aportada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua), en el contexto del ataque sistemático perpetrado en contra de la población civil como represalia a las protestas sociales, se han desarrollado hechos que, conforme al derecho internacional, deben calificarse de crímenes de lesa humanidad”, opina la Comisión Interamericana en Washington.
Otro aspecto que denuncia la CIDH es la colonización de territorios indígenas y ataques perpetrados en ese proceso que ha registrado víctimas fatales, heridos y desplazamientos forzados de nativos y afrodescendientes en las regiones autónomas del Caribe nicaragüense, sin que el estado muestre interés en corregir la situación e impartir justicia para las víctimas.
El organismo vigilante en materia de derechos humanos también señala las estrategias del Estado nicaragüense para callar a los opositores al gobierno, las que incluyen desde expulsión de al menos 150 estudiantes de universidades públicas y más de 400 trabajadores de la red de salud pública.
“La CIDH ha registrado también ataques a la libertad de prensa a través del asedio policial y persecución institucional a medios de comunicación y personas trabajadoras de la prensa independiente, lo que ha provocado el cierre de varios medios, la amenaza de cierre de otros y el exilio de más de 90 periodistas”, puntualiza la denuncia de la CIDH.
La Comisión Interamericana también mira con preocupación la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua, que siguen siendo blanco de ataques, vigilancia, acoso y hostigamiento por su trabajo sobre el terreno, tanto por los agentes de la Policía Nacional, como por simpatizantes del gobierno de Ortega – Murillo.
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