El Congreso guatemalteco reformó el martes la Ley de Migración para aumentar las penas de prisión y multas a quienes resulten responsables de promover o facilitar el tráfico de personas, elevando de 10 a 30 años la prisión.
Con 87 votos oficialistas y aliados de más de 160 diputados se aprobó la reforma que fue solicitada a mediados de mes por el presidente Alejandro Giammattei.
Según los cambios, quién cometa el delito de traficar personas con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material, promueva o facilite el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio de una o más personas nacionales o extranjeras será sancionado con prisión hasta de 30 años.
El endurecimiento de las penas también incluye a aquellas personas que resulten responsables de facilitar o promover el transporte o tránsito de una o más personas extranjeras.
“Este delito no será aplicable a los migrantes, padres, tutores, responsables o familiares en grado de ley de los migrantes guatemaltecos”, dice la reforma.
Los cambios de la ley aumentan la pena ya elevada a dos terceras partes más cuando la persona migrante sea menor de edad o si una mujer migrante está embarazada, se ponga en peligro la vida, cause sufrimiento al migrante, el autor del delito sea funcionario o empleado público.
La diputada opositora Andrea Villagrán dijo a The Associated Press que los cambios son superficiales porque de nada sirven si no se fortalece la investigación fiscal de estos hechos. “Tenemos datos que en 2020 de 12 casos o estructuras que se intentó procesar solo cuatro recibieron condenas. No hay una investigación fiscal fortalecida, entonces los cambios no sirven de nada”, dijo Villagrán.
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Agregó que tampoco contribuye en la prevención de la migración irregular porque no ataca los problemas profundos que hacen que la gente migre, como la falta de servicios básicos, trabajo, alimentación “todo esto provocado por la corrupción estatal, entonces solo son medidas populistas”, dijo.
Según el Instituto de Migración solo en enero de 2022 se han deportado a Guatemala más de 5,123 migrantes de los cuales 2,439 llegaron desde Estados Unidos y el resto desde México.
Las reformas entraran en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial.
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