Cientos de miles de personas marcharon el domingo por el centro de Barcelona para protestar contra los planes del gobierno de Cataluña de separarse del resto de España. La marcha fue la mayor manifestación a favor de la unión nacional desde el referéndum independentista en la próspera región del noreste del país, que ha llevado a España al borde de una crisis nacional.
Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en toda España en defensa de la unidad del país y pidiendo un diálogo que ponga fin a la peor crisis política del país en décadas, mientras Cataluña se alista para declarar su independencia.
La policía de Barcelona calculó que unas 350.000 personas asistieron a la marcha, mientras los organizadores de la Societat Civil Catalana, organizadora de la marcha, dijo que acudieron 930.000 personas.
Las cifras son similares a las de las concentraciones proindependentistas que se han realizado recientemente.
Muchos en la multitud llevaban banderas de España y Cataluña y corearon lemas como “No se engañen, Cataluña es España” y “Puigdemont a prisión” refiriéndose al presidente de la región.
La manifestación del domingo se celebró una semana después de que el ejecutivo regional, de tendencia secesionista, celebró un referéndum de independencia que había sido suspendido y declarado ilegal por el gobierno central de Madrid.
Los partidarios del “Sí” a la separación ganaron la consulta con el 90% de los votos, aunque menos de la mitad del electorado de la región acudió a las urnas. Carles Puigdemont ha prometido seguir adelante con el proceso independentista y el martes comparecerá ante el Parlamento catalán “para informar sobre la situación política actual”.
Por su parte, el presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, reiteró que Madrid no permitirá que Cataluña se separe del país. “España no se va a dividir y la unidad nacional se va a mantener”, dijo Rajoy en una entrevista con el diario El País publicada el domingo. El jefe del ejecutivo dijo además que considerará todas las medidas “que nos permiten las leyes” para frenar el proceso.
Según Rajoy, esto incluiría valorar la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que permite que el gobierno central de Madrid tome el control de un ejecutivo regional si este “no cumple con las obligaciones de la Constitución”.
“Lo ideal sería que no hubiese que tomar soluciones drásticas, pero para ello tendrían que producirse rectificaciones (de los líderes catalanes)“, explicó Rajoy en la entrevista.
Madrid, Barcelona y otras ciudades del país celebraron el sábado multitudinarias concentraciones para exigir una negociación entre Rajoy y Puigdemont que ponga fin a la crisis política más grave a nivel nacional en cuatro décadas.
Los dos bancos catalanes más grandes, Caixabank y Banco Sabadell, así como el gigante energético Gas Natural, trasladaron de forma apresurada su domicilio social a otras partes de España esta semana. Otras empresas catalanas importantes han dicho que estudian maniobras similares para evitar quedar fuera de la Unión Europea y su mercado común en el caso de que se complete la independencia.
“Espero que no ocurra nada porque Cataluña tiene más que perder que España ya muchos negocios se están yendo”, expresó Juliana Prats, una de las manifestantes. “Espero que las cosas sigan como están, hemos tenido 40 años de paz”.
En la marcha vinieron grupos de diversas regiones del país. Un grupo alzó un estandarte con el nombre de su localidad: “Marbella”. Un reportero de The Associated Press habló con un manifestante que había venido de la región vasca.
Las elecciones y sondeos más recientes en Cataluña anteriores al referéndum reflejaron una división más o menos por la mitad entre los 7,5 millones de habitantes sobre la cuestión de la independencia.
El gobierno de Rajoy reiteradamente ha rechazado los intentos de Cataluña de realizar un referéndum, argumentando que sería anticonstitucional ya que participaría solo una minoría de los 46 millones de habitantes de España.
El sector separatista de Cataluña ha crecido en años recientes, ante la crisis económica que ha afectado al país y la tendencia de Madrid de desanimar la autonomía en la región.
