La imputación histórica que acusa al expresidente Donald Trump de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 alega, entre otras cosas, que Trump y sus asesores orquestaron un complot elaborado para socavar el funcionamiento del Colegio Electoral, uno de los elementos menos entendidos de el sistema electoral de Estados Unidos.
La imputación, divulgada el martes, acusa a Trump de intentar crear confusión en torno al resultado de las elecciones, que perdió ante el presidente Joe Biden, al hacer que personas en siete estados enviaran resultados electorales falsos, conocidos como votos electorales, al Congreso.
La esperanza, según los fiscales, era que la aparición de los resultados falsos junto con los resultados verificados oficialmente daría a los aliados de Trump en el Congreso una justificación para afirmar que los resultados de las elecciones no estaban claros y retrasar la certificación de la victoria de Biden.
Como mínimo, la demora habría proporcionado al equipo de Trump más tiempo para impugnar el resultado. Si finalmente se aceptaran los resultados falsos, un resultado que la mayoría de los expertos dicen que habría sido ilegal, el cambio en los votos en los siete estados seleccionados habría convertido a Trump en el ganador.
Al final, el Congreso ignoró los votos electorales falsos y certificó la victoria de Biden, pero solo después de que una turba de miles de partidarios de Trump asaltaron el Capitolio, obligando a la evacuación del Congreso, hiriendo a muchos policías y contribuyendo a varias muertes.
Trump responde
Trump, quien es el principal candidato a la nominación presidencial republicana en 2024, emitió un comunicado en el que denunció airadamente la decisión de acusarlo de “interferencia electoral” y denunció los cargos en su contra como “falsos”.
“La anarquía de estas persecuciones al presidente Trump y sus partidarios recuerda a la Alemania nazi en la década de 1930, la ex Unión Soviética y otros regímenes autoritarios y dictatoriales”, dijo. “El presidente Trump siempre ha seguido la ley y la Constitución, con el asesoramiento de muchos abogados altamente calificados”.
La acusación del martes se presentó en un tribunal federal en Washington. Trump también enfrenta una acusación federal en Florida por su retención de documentos clasificados de seguridad nacional después de dejar el cargo, y cargos a nivel estatal en Nueva York por orquestar un esquema ilegal para pagar dinero secreto a una ex actriz de cine para adultos durante las elecciones presidenciales de 2016. También se espera ampliamente que Trump pronto enfrente cargos estatales en Georgia relacionados con su esfuerzo por revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado.
El Colegio Electoral
La imputación formal acusa a Trump y a varios asociados anónimos de persuadir a personas en siete estados específicos (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pensilvania y Wisconsin) para que se hicieran pasar por electores legítimamente seleccionados. Los electores son personas que desempeñan un papel clave en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Estados Unidos elige presidentes a través de un sistema complejo que involucra una entidad llamada Colegio Electoral, que existe con el único propósito de elegir al próximo presidente cada cuatro años.
El Colegio Electoral está compuesto por 538 electores individuales, distribuidos entre los estados y el Distrito de Columbia. Antes del día de las elecciones, los partidos de cada candidato nombran una lista de electores, quienes se comprometen a votar por el candidato de ese partido en el Colegio Electoral si su candidato gana la elección en su estado. Los electores comprometidos cuyo candidato pierde no tienen autoridad para emitir votos electorales.
El día de las elecciones, los 50 estados y el Distrito de Columbia celebran elecciones de acuerdo con las leyes electorales locales. Cuando los estadounidenses emiten sus votos para presidente, técnicamente no votan por un candidato específico. Más bien, están votando por la lista de electores que se comprometieron a votar por su candidato preferido cuando se reúna el Colegio Electoral.
Requisitos federales
De acuerdo con la ley federal, las elecciones presidenciales se llevan a cabo el martes posterior al primer lunes de noviembre. Después de la elección, la ley federal requiere además que los funcionarios de cada estado determinen las identidades de los electores que fueron elegidos por los votantes.
Esta determinación es el equivalente práctico de declarar a un candidato ganador de las elecciones de un estado, y así es como se suele caracterizar el proceso en los medios de comunicación. En todos los estados excepto en dos, los votos electorales se otorgan sobre la base de que el ganador se lo lleva todo. En Maine y Nebraska, es posible que cada candidato reciba una parte parcial de los votos del estado.
Luego, en una fecha también especificada por la ley federal, todos los electores de cada estado y el Distrito de Columbia se reúnen para emitir formalmente sus votos por el presidente. Esos votos son contados y certificados por el ejecutivo estatal, generalmente el gobernador, y se envían al Congreso.
El sexto día de enero siguiente a la elección, los miembros de ambas cámaras del Congreso se reúnen en una sesión conjunta, en la que el vicepresidente en ejercicio supervisa el recuento formal de los votos electorales. Para ganar la presidencia, un candidato debe recibir la mayoría de los 538 votos electorales, es decir, 270 o más.
En una elección típica de EEUU, cada parte de este proceso después de la determinación de los electores se considera una formalidad. Una vez que se declaran los resultados en cada estado, es sencillo determinar qué candidato recibirá la mayor cantidad de votos cuando se reúna el Colegio Electoral, y esa persona se considerará presidente electo.
Sin embargo, no hubo nada típico en las secuelas de las elecciones presidenciales de 2020.
Reclamaciones de fraude
La acusación formal alega que Trump y sus asociados intentaron subvertir el Colegio Electoral después de las elecciones del 3 de noviembre de 2020.
Inmediatamente después de que se hizo evidente que había perdido las elecciones, Trump y sus aliados comenzaron a difundir afirmaciones de que los resultados en muchos de los estados que ganó Biden habían sido fraudulentos. Esas afirmaciones no eran ciertas y finalmente se demostró que eran falsas en docenas de juicios.
Sin embargo, aunque tenían la esperanza de poder persuadir a algunos funcionarios estatales para que cambiaran sus resultados, los asociados de Trump comenzaron a contactar a personas que habían sido los electores prometidos por el expresidente en varios estados seleccionados.
Según la acusación, Trump y sus asociados persuadieron a estas personas para que acordaran reunirse el mismo día que los electores certificados y celebrar una elección en la que declararían que Trump había recibido sus votos electorales, aunque no tenían autoridad legal para hacerlo. emitir votos electorales.
Cambio de planes
Al principio, el esfuerzo se caracterizó como un intento de “preservar” una lista alternativa de electores en cada uno de estos estados en caso de que los esfuerzos para lograr que los funcionarios revocaran los resultados de las elecciones estatales tuvieran éxito. Algunas de las personas que participaron en el esquema lo hicieron con la creencia de que sus votos no se enviarían al Congreso a menos que sus estados declararan oficialmente a Trump como ganador.
Sin embargo, según los fiscales, el plan cambió en las semanas posteriores a las elecciones. La acusación presenta evidencia de que Trump y sus asociados finalmente decidieron que harían que los recuentos de votos falsos se enviaran al Congreso independientemente del resultado de sus esfuerzos por cambiar los resultados de las elecciones en los estados individuales.
La acusación formal alega que un abogado que trabajaba en nombre de Trump proporcionó instrucciones detalladas para la creación de votos fraudulentos que se enviarían al Congreso. Al final, siete listas de electores falsos enviaron resultados a Washington antes de la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero.
Enjuiciamientos a nivel estatal
Si bien los votos electorales falsos no fueron aceptados por el Congreso, muchas de las personas que firmaron las certificaciones falsas han sido acusadas de delitos según las leyes estatales o continúan bajo investigación.
En Michigan, el fiscal general del estado acusó a 16 personas de falsificación y conspiración para cometer falsificación por afirmar ser electores debidamente elegidos por Trump y presentar votos falsos al Congreso.
En Georgia, está en curso una investigación sobre la presentación de votos electorales falsos, pero al menos ocho de las 16 personas han aceptado acuerdos de culpabilidad con los fiscales que les permitirán evitar el enjuiciamiento. El resto aún puede enfrentar cargos.
Los fiscales en Arizona, Nuevo México y Wisconsin están realizando investigaciones
En Pensilvania, los electores falsos exigieron que el documento que firmaron incluyera un lenguaje que especificara que solo afirmaban ser electores debidamente elegidos si los funcionarios estatales cambiaban los resultados de las elecciones para declarar a Trump ganador. Por lo tanto, se espera que eviten el enjuiciamiento penal.
En Nevada, los fiscales han anunciado que no iniciarán un caso contra los electores falsos de ese estado, diciendo que las leyes estatales no respaldan ningún cargo.
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