El gobierno canadiense anunció el miércoles nuevas sanciones a funcionarios y allegados al gobierno de Nicolás Maduro como una manera de responder a las pasadas elecciones del 20 de mayo, las cuales fueron consideradas “ilegítimas” y “antidemocráticas”.
Entre los venezolanos sancionados figura la esposa del presidente Maduro, Cilia Adela Flores de Maduro, junto a otros 13 funcionarios venezolanos que a juicio de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, son los responsables del deterioro de la democracia en Venezuela.
“Las medidas son consistentes con los principios y valores canadienses y apuntan a mantener la presión sobre el gobierno venezolano para restaurar la democracia constitucional y el respeto por los derechos humanos y democráticos”, señala el comunicado oficial.
Mire la respuesta venezolana:
Las sanciones incluyen la congelación de activos, la prohibición a cualquier negociación y comercialización con cualquier propiedad y/o proporcionarles servicios financieros o relacionados a los 14 funcionarios.
Además de la primera dama de Venezuela, aparecen en la lista Tania Valentina Díaz González, Fidel Ernesto Vásquez Iriarte, Carolis Elena Pérez González, Erika del Valle Farías, Ramón Darío Vivas Velasco, Cristian Tirón Serpa, Fanny Beatriz Márquez Cordero, Malaquías Gil Rodríguez, Indira María Alfonso Izaguirre, Yanet María Madriz Sotillo, Carlos Enrique Quintero Cuevas, Xavier Antonio Moreno Reyes y Carlos Alberto Rotandaro Cova
“Estas sanciones envían un mensaje claro de que el comportamiento antidemocrático del régimen de Maduro tiene consecuencias. El anuncio de hoy es una prueba de nuestro compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo y nuestro rechazo a las elecciones presidenciales fraudulentas de Venezuela. Canadá está tan decidido como siempre a apoyar al pueblo de Venezuela en su búsqueda de un futuro más pacífico, democrático y próspero”, indica el documento canadiense.
Uno de los primeros en reaccionar a las sanciones fue el congresista estadounidense, Mario Díaz-Balart, quien aplaudió la decisión y agregó en su cuenta de Twitter que “Los países democráticos deben seguir aumentando la presión económica y política sobre el régimen”.
