Un informe conjunto entre la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alerta de la necesidad de reestructurar los sistemas sanitarios de América Latina y el Caribe.
La irrupción del coronavirus en esta región, que ya contaba con una infraestructura de salud débil e incapaz de atender las necesidades de sus poblaciones, ha puesto de manifiesto la urgencia de implementar planes mucho más efectivos a largo plazo, con el objetivo de responder con mucha más eficacia a próximas crisis sanitarias.
Ambos organismos dependientes de Naciones Unidas señalan que el coronavirus no ha hecho más que exacerbar la grave situación de las instituciones sanitarias de los países latinoamericanos para combatir una pandemia como la del COVID-19.
La pandemia visibilizó la falta de políticas públicas
“La pandemia ha dejado en evidencia la necesidad de construir una agenda de salud pública con una perspectiva integral e integrada en América Latina y el Caribe, que reconozca la interdependencia que existe entre las dimensiones sanitaria, social, económica y ambiental”, concluyó el documento titulado ‘La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social’.
El estudio también advierte que en la región se da una quinta parte de los casos confirmados de coronavirus y el 30 por ciento de las muertes en todo el mundo, aunque su población solo representa el 8,4 por ciento del total mundial.
Jarbas Barbosa, director de sistemas y servicios de salud de OPS en Washington, señala en una declaración escrita a la que ha tenido acceso la Voz de América que algunos países de América Latina “tuvieron que duplicar su capacidad de atención” médica ante “las necesidades abrumadoras” de pacientes que requerían cuidados intensivos.
Al mismo tiempo, recuerda que el personal sanitario ha tenido que “luchar para garantizar el acceso a equipos de protección personal, oxígeno, medicamentos esenciales para intubación y, más recientemente, las vacunas contra COVID-19”.
Se han dejado de prestar servicios por el COVID-19
Todo eso, alerta Barbosa, tiene un impacto en el sistema sanitario de las Américas, en tanto que se han dejado de prestar servicios de salud que son igualmente esenciales pero que no están relacionados con el coronavirus.
“En la encuesta más reciente de la OPS (se reflejaba que) el 46 por ciento de los países de la región continúa informando de interrupciones significativas en la prestación de servicios de salud, que afectan la atención materno infantil, el control y manejo de enfermedades transmisibles, la inmunización rutinaria y el control y prevención de enfermedades no transmisibles”, detalla Barbosa, que también participó en una sesión de preguntas y respuestas organizado por Diálogo Interamericano para abordar la situación del sistema sanitario en las Américas.
Ante esta situación, uno de los máximos directivos de la OPS asegura que los gobiernos deben tomar como prioridad el diseño de un plan específico para “abordar las deficiencias” que existen en el sistema.
“La transformación de los sistemas de salud basada en la estrategia de atención primaria de salud aumentará la capacidad, el acceso, la equidad y la resiliencia para abordar las necesidades de salud futuras en América Latina y mejorar la preparación frente a futuras pandemias y emergencias de salud pública”, agregó.
Mayor inversión en sanidad pública
En opinión de Barbosa, es necesario que los gobiernos destinen un mínimo del 6 por ciento del gasto público en salud y que se asigne un 30 por ciento de ese presupuesto a la atención primaria de salud.
Precisamente, Katherine E. Bliss, investigadora principal del Centro de Políticas de Salud Global del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) basado en Washington, advirtió que “el gasto anual promedio en salud pública ha estado muy por debajo del estándar regional del 6 por ciento” en América Latina.
En ese sentido, Bliss defiende que, antes de la pandemia, las administraciones latinoamericanas estaban haciendo grandes esfuerzos para “priorizar la atención primaria de salud y mejorar el acceso a la comunidad a servicios de salud asequibles y de calidad”.
Pero el coronavirus truncó todos esos planes. “Los hospitales han desviado las camas existentes para acomodar a pacientes con COVID-19 o han agregado nuevas camas de unidades de cuidados intensivos sin invertir en proveedores de atención capacitados”, expuso. “Las cadenas de suministro rotas y las demoras en la entrega de medicamentos importados han socavado el acceso a la atención de enfermedades crónicas no transmisibles, una de las principales causas de muerte en la región”, agregó.
La pandemia debe ser una oportunidad
Antonio Vergara, director de diagnóstico en América Latina de Roche, de Sao Paulo, Brasil, considera que “esta situación actual debe tomarse como una oportunidad no solo para abordar eventos inesperados, sino también para proteger a las personas de enfermedades de larga duración”.
“Los diagnósticos innovadores son esenciales ya que tienen el potencial no solo para identificar enfermedades en etapas temprana, sino incluso en algunos casos para evitarlas”, afirmó. “Los diagnósticos influyen aproximadamente en el 70 por ciento de las decisiones clínicas”, pero en América Latina solo se destina “el 1 por ciento de la inversión en este sector”, afirmó.
“En pocas palabras, los diagnósticos pueden contribuir a crear sistemas de atención médica más resilientes con una mejor gestión de la mayoría de los desafíos de salud pública, asegurando una sociedad más saludable que pueda impulsar el desarrollo de América Latina y su recuperación de la pandemia”, agregó.
El papel del Estado
El informe mencionado anteriormente de la CEPAL y la OPS puso de manifiesto una tendencia que puede aumentar si no se toman medidas de inmediato: en 2021, el 35 por ciento de los países de América Latina y el Caribe “habrá registrado algún tipo de interrupción en la provisión de servicios integrados de salud”.
Es por ello que el documento recalca el “el papel clave e indispensable” de los gobiernos para “tomar un nuevo rumbo de política pública, a fin de construir sociedades más igualitarias, inclusivas y resilientes”.
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