La decisión de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad, fue considerada, en general, como “una buena noticia para las víctimas”.
Consultado por Voz de América, Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, afirmó que se trata de “un enorme progreso para la búsqueda de la justicia” y recordó que es una decisión histórica porque, por primera vez, la CPI avanza con una decisión de este tipo en América Latina.
Para Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, el avance a una investigación formal es “producto de muchos años de trabajo” que se han adelantado ante la fiscalía de la CPI.
“Eso no quiere decir que la justicia esté ya a la vuelta de la esquina, todavía hay mucha tela que cortar, todavía hay mucho trabajo que hacer, pero sí es un hito histórico, un hito muy importante dentro de todo lo que ha sido esta cruzada por la defensa de los derechos humanos en nuestro país”, dijo.
“Que se reconozca formalmente que existen los méritos suficientes para abrir formalmente una investigación ante el Tribunal Penal Internacional es un logro indiscutible de la sociedad civil, de las ONG y de las víctimas que hemos venido trabajando estos temas desde hace tantos años”, añadió Himiob.
Rocío San Miguel, abogada y presidenta de Control Ciudadano, calificó el anuncio como “la mayor esperanza de justicia para las víctimas de atrocidades cometidas por agentes del Estado” y considera que se traduce en un mensaje “claro y fuerte” para los mayores responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
“Tendrá sin duda un efecto importante, entre otras instituciones, en la Fuerza Armada Nacional”, sostuvo.
A juicio de San Miguel, el mayor gesto de cooperación que podría tener el Estado venezolano con la fiscalía de la CPI, a partir de ahora, sería procesar a “los mayores responsables” de delitos de lesa humanidad e iniciar reformas institucionales, legales y administrativas que impidan la repetición de crímenes.
David Vallenilla, padre de David José Vallenilla, un joven estudiante de 22 años que fue asesinado cuando recibió un disparo a quemarropa de un sargento de aviación durante las protestas antigubernamentales de 2017, reiteró su “esperanza” en la CPI y dijo que comenzará a trabajar para dar fe y certeza de las denuncias “para dar con la verdad que sabemos todos cuál es”.
“Hoy celebremos este gran paso adelante, pero mañana a trabajar todas las personas que puedan contribuir de alguna manera con un poquito para buscar la libertad de Venezuela y encontrar los responsables de tantas tragedias”, manifestó la madrugada del jueves desde España, donde ahora reside, en un video enviado a VOA.
Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, destacó que la apertura de una investigación formal de la CPI ratifica que “sí ocurrieron crímenes contra la humanidad” y que “no han sido investigados debidamente hasta ahora”, por lo que “se derrumba la estrategia de simulación oficial promovida atropelladamente en las últimas semanas”.
Activistas de derechos fundamentales habían advertido que acciones puntuales promovidas recientemente por el Ministerio Público de Venezuela pretendían “hacer ver” que es posible hacer justicia en Venezuela, sin necesidad de recurrir a instancias trasnacionales o internacionales.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, se refirió al memorándum de entendimiento firmado por la fiscalía de la CPI y el Estado venezolano como “una victoria de las instituciones democráticas venezolanas” y añadió que, durante la visita de Khan, pudieron explicar lo que han hecho “a nivel interno”.
“No hay en medio de la investigación que arranca la fiscalía de la CPI, por ejemplo, indiciados por parte del Estado venezolano (…) sabes cómo actúan las redes, son 4 millones de twitters dirigidos a posicionar a la opinión pública y mundial sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de Venezuela cuando no ha sido así”, expresó durante una entrevista concedida a Telesur la noche del jueves.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, evaluó el anuncio como un paso que representa “una luz de esperanza en la lucha por la verdad y justicia para miles de víctimas”.
En ese sentido declaró también José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
En febrero del 2018, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar denominado caso Venezuela I, relacionado con los hechos ocurridos en el país a partir de abril del 2017, cuando se registraron masivas protestas antigubernamentales que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
