El presidente Gabriel Boric logró el martes el apoyo de la Cámara de Diputados de Chile y por la tarde espera recibir el consentimiento del Senado para ampliar la vigencia del estado de emergencia en dos conflictivas regiones del sur para que las fuerzas armadas sigan resguardando las carreteras, aunque rechazó demandas opositoras de ampliar las áreas a vigilar.
De 142 diputados presentes en la sala, 126 apoyaron la extensión del estado de emergencia, 7 se opusieron y 9 se abstuvieron. Por tratarse de la segunda prórroga, el mandatario necesita el beneplácito del Congreso.
Horas antes de que el Congreso iniciara el debate sobre el estado de excepción, desconocidos interrumpieron varias rutas secundarias de la región de La Araucanía con barricadas incendiarias o con árboles talados e incendiaron un par de vehículos. Algunas de las vías estaban a cargo de los militares.
![La agricultora Cecilia Cruz es su viñedo en Caracoles, que se encuentra a más de 3.000 metros de altitud, en la comuna de Socaire, en San Pedro de Atacama, Chile 17 de mayo de 2022. [REUTERS/Rodrigo Gutiérrez]](https://gdb.voanews.com/03190000-0aff-0242-ae01-08da3f43b651_w100_r1.jpg)
La Confederación de Dueños de Camiones alertó el martes que los cortes “interrumpen la cadena logística, con las predecibles consecuencias negativas para transportistas, clientes y consumidores”.
Hasta hace poco Boric era un férreo opositor al uso del estado de emergencia para controlar la alteración del orden público en La Araucanía y la vecina Biobío, 600 kilómetros a sur de la capital chilena, y se negó a extenderlo el 26 de marzo, cuando venció un estado de excepción impuesto por su antecesor, Sebastián Piñera. Sin embargo, el incremento de los atentados incendiarios y ataques armados lo obligaron a ceder.
En ambas regiones, indígenas mapuches demandan la restitución de sus tierras ancestrales. Una minoría lo hace de manera violenta --con quema de camiones y maquinarias forestales-- cuyas acciones se mezclan con ataques de narcotraficantes y ladrones de cantidades millonarias de maderas, según las autoridades.
La diputada mapuche Emilia Nuyado, del oficialismo, fundamentó su rechazo a la extensión del estado de emergencia argumentando que “no estoy dispuesta a que se siga militarizando” la zona. Agregó que las políticas públicas de los distintos gobiernos “han sido para estigmatizar, discriminar y criminalizar” al pueblo mapuche. Su colega oficialista Emilia Schneider, que apoyó al gobierno, destacó que Boric, además de controlar el orden en las carreteras, “está desplegando diálogos con diversas comunidades indígenas e impulsando la devolución de tierras”.
Cifras entregadas por la ministra del Interior, Izkia Siches, indican que a poco menos de un mes del inicio del estado de emergencia, los hechos violentos disminuyeron en promedio un 42%, especialmente los ataques incendiarios a vehículos y maquinarias. Durante sus inicios, encapuchados asesinaron a un obrero forestal, que junto a una veintena de compañeros se dirigía a trabajar.
Muchos de los diputados que votaron favorablemente la prórroga, de oposición y de gobierno, demandaron sin éxito que el resguardo militar se extienda a rutas secundarias y áreas urbanos. Siches respondió que “creemos que no hay que hacer grandes modificaciones”.
La jefa del gabinete añadió que la cantidad de militares desplegados en La Araucanía y el Biobío es mayor que la dispuesta en el gobierno anterior. El diputado opositor Andrés Longton le respondió que ahora hay unos 1.300 efectivos, mientras Piñera desplegó a poco más de 2.000.
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