El expresidente brasileño Jair Bolsonaro arribó el miércoles a la sede de la Policía Federal para declarar sobre sus acciones antes de los ataques del 8 de enero a edificios del gobierno en Brasilia.
Una semana después de la juramentación de su sucesor izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, partidarios de Bolsonaro asaltaron y vandalizaron los edificios del Tribunal Supremo, el Congreso y el palacio presidencial. Cientos de ellos irán a juicio.
El procurador general Augusto Aras dijo el 14 de abril que Bolsonaro “presuntamente alentó la comisión de crímenes” contra el estado de derecho. El expresidente abandonó el país después de su derrota y se encontraba en Orlando, Florida, durante los ataques. Jamás reconoció públicamente su derrota en la elección más reñida desde el regreso de Brasil a la democracia hace más de 30 años. Hizo reiteradas declaraciones infundadas que sembraron dudas sobre la fiabilidad del sistema de votación electrónica. Muchos de sus partidarios acérrimos creen que hubo fraude electoral, a pesar de la ausencia de pruebas.
Su declaración bajo juramento es un paso adelante en solo una de las investigaciones que podrían inhabilitar al líder derechista en futuras elecciones o incluso enviarlo a la cárcel. Bolsonaro reconoció el 15 de marzo que la inhabilitación es posible, pero que la cárcel solo podría ser resultado de un fallo “arbitrario”. El expresidente ha negado haber cometido delito alguno o participación en los sucesos del 8 de enero.
El juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal hizo lugar a un pedido del procurador general de investigar el papel de Bolsonaro, citando un video publicado en Facebook dos días después de los disturbios. Este dice que Lula no fue elegido por voto, sino por el Supremo Tribunal Federal y el organismo electoral, supervisado por el juez de Moraes.
Aunque Bolsonaro publicó el video después de los ataques y lo borró a la mañana siguiente, los fiscales sostienen que basta para justificar la investigación de su conducta previa.
Semanas atrás, Bolsonaro declaró ante la policía federal sobre tres joyas de diamante que recibió de Arabia Saudí cuando era presidente. También niega haber cometido delito en ese caso.
El expresidente debe declarar en varios otros casos sobre sus acciones cuando estaba en funciones.
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