Un juez ordenó el viernes el traslado a un hospital público de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, en huelga de hambre desde hace 10 días en reclamo de un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Nacional en lugar del proceso ordinario al que es sometida por la crisis política de fines de 2019.
Una ambulancia con resguardo policial aguardaba afuera del penal en La Paz, donde se encuentra detenida, para conducir a la exmandataria.
La hija Áñez, Carolina Rivera, dijo que su madre se mantiene firme en su protesta a pesar de la descompensación que sufrió durante una audiencia judicial virtual realizada la víspera.
“Estamos desesperados como familia. Mi madre está decidida a seguir porque está cansada de las injusticias”, declaró Rivera a medios locales. Varios líderes políticos le han pedido a Áñez que suspenda la huelga.
La exmandataria lleva 11 meses en prisión preventiva acusada de encabezar un golpe de Estado a fines de 2019 cuando era senadora tras las fallidas elecciones denunciadas por la OEA como fraudulentas, lo que detonó un estallido social que dejó 37 muertos y obligó a renunciar al entonces presidenciales Evo Morales, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo.
Áñez, de 54 años, enfrenta varias demandas impulsadas por el gobierno de Luis Arce, heredero político de Morales, entre ellas un juicio ordinario por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución relacionado con la sucesión presidencial tras la dimisión de Morales.
La expresidenta fungía como senadora y se proclamó presidenta interina después de la renuncia de Morales (2006-2019). Un juicio de responsabilidades debe ser aprobado por dos tercios de la Asamblea.
La exmandataria interina también está acusada en otro juicio por la muerte de 20 manifestantes durante la crisis política. Más de medio centenar de políticos opositores y militares también están acusados y otros encarcelados y han acusado al gobierno de usar a la justicia para perseguirlos.
El gobierno ha rechazado las acusaciones y sostenido que se trató de un golpe de Estado, mientras la oposición sostiene que fue una rebelión popular contra el fraude electoral de Morales y que la asunción de Áñez fue legítima.
En tanto, en su tercer día de visita a Bolivia, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, no dijo si visitará a Áñez, como ha pedido la exmandataria.
García-Sayán ha mantenido encuentros con autoridades, opositores y organizaciones de la sociedad civil en momentos en que la justicia está en el ojo de la tormenta por acusaciones de falta de independencia.
Morales, jefe del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), también ha pedido reunirse con el relator pero éste tampoco se ha manifestado sobre el pedido.
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