Las autoridades israelíes mostraron una preocupación adicional el lunes porque la Corte Penal Internacional (CPI) pudiera emitir órdenes de arresto contra los líderes del país, mientras crecía la presión internacional por su guerra con Hamás en la Franja de Gaza. Los ataques aéreos de la noche del lunes mataron a 22 personas en una ciudad sureña, según registros hospitalarios.
Entre los muertos en Rafah había seis mujeres y cinco niños, uno de los cuales tenía apenas cinco días de vida, según registros hospitalarios y un reportero de Associated Press. Israel planea una invasión de la ciudad sureña, aunque su aliado más cercano, Estados Unidos, y otros le han reiterado que no lo haga, ya que la ofensiva podría suponer una catástrofe humanitaria para los más de un millón de palestinos refugiados allí.
La CPI inició una pesquisa hace tres años por posibles crímenes de guerra cometidos por Israel y milicianos palestinos en la guerra de 2014 entre Israel y Hamás, aunque no ha dado indicios de que esas órdenes sean inminentes. La corte no hizo comentarios al respecto el lunes.
El Ministerio israelí de Exteriores dijo el sábado por la noche que había informado a las delegaciones israelíes de “rumores” sobre que podrían emitirse órdenes contra funcionarios militares y políticos de alto nivel. No estaba claro qué había provocado las preocupaciones israelíes.
“Esperamos que la corte impida la emisión de órdenes de detención contra funcionarios israelíes de alto nivel”, indicó el ministro de Exteriores, Israel Katz, que dijo que esas órdenes serían un “espaldarazo moral” para Hamás y otros grupos armados.
En los últimos días, Israel ha hecho varios anuncios de que permitirá la entrada de más ayuda humanitaria en Gaza, lo que parecía dirigido en parte a evitar una posible medida de la CPI.
El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo el viernes que Israel “nunca aceptará ningún intento de la CPI de socavar su derecho inherente a la autodefensa”.
“La amenaza de detener a los soldados y funcionarios de la única democracia de Oriente Medio y el único estado judío del mundo es escandalosa. No cederemos ante ella”, afirmó en X, antes Twitter. No estaba claro a qué respondía la publicación.
La investigación de la CPI se refiere a las acusaciones sobre la guerra de 2014 en Gaza, así como a la construcción de asentamientos judíos en territorio ocupado que los palestinos reclaman para un estado futuro.
El fiscal de la CPI Karim Khan dijo durante una visita a la región en diciembre que la pesquisa “avanza a buen ritmo, con rigor, con determinación y con una insistencia de que actuamos no por emoción sino por pruebas sólidas”.
Ni Israel ni su estrecho aliado Estados Unidos aceptan la jurisdicción de la CPI, pero cualquier orden de detención podría poner a las autoridades israelíes en riesgo de ser detenidos en otros países. También podría servir como un importante rechazo a las acciones israelíes en un momento en el que las protestas propalestinas se han extendido por los campus universitarios estadounidenses.
La Corte Internacional de Justicia, un organismo diferente, investiga si Israel ha cometido actos de genocidio en la guerra actual en Gaza, y se espera que cualquier veredicto tome años. Israel ha rechazado las acusaciones y acusado a los dos tribunales internacionales de tener prejuicios en su contra.
Israel ha acusado a su vez a Hamás de genocidio por el ataque del 7 de octubre que desencadenó la guerra. Los milicianos asaltaron bases militares y poblaciones agrícolas en el sur de Israel, donde mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y se llevaron unos 250 rehenes.
Como respuesta, Israel emprendió una enorme ofensiva por aire, mar y tierra que ha matado a más de 34.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes en su conteo.
Israel culpa a Hamás de la alta cifra de bajas porque los milicianos combaten en zonas residenciales densamente pobladas. El ejército dice haber matado a más de 12.000 milicianos, sin presentar pruebas.
La guerra ha expulsado de sus hogares al 80 % de la población gazatí de 2,3 millones de personas, causado una destrucción generalizada en varias ciudades y pueblos y dejado el norte de Gaza al borde de la hambruna.
Israel ha prometido ampliar su ofensiva terrestre a la ciudad sureña de Rafah, donde se han cobijado más de un millón de palestinos huyendo de los combates en otros lugares. Israel afirma que Rafah es el último bastión de Hamás y que tiene miles de combatientes allí.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha proporcionado una ayuda militar y política crucial para la ofensiva, ha instado a Israel a no invadir Rafah por temor a que pueda provocar una catástrofe humanitaria. Biden reiteró esa preocupación en una llamada con Netanyahu el domingo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, tenía previsto visitar Israel en una nueva gira por la región, que comenzó el lunes en Arabia Saudí.
Por su parte, Estados Unidos, Egipto y Qatar presionaban a Israel y Hamás para que acepte un acuerdo redactado por los mediadores y que liberaría a algunos de los rehenes y llevaría al menos un cese el fuego temporal a Gaza. Se cree que Hamás aún tiene unos 100 rehenes y los restos de otros 30 ya fallecidos, después de que la mayoría de los demás fueran liberados a cambio de prisioneros palestinos el año pasado.
Hamás ha dicho que no liberará a los rehenes que quedan sin un acuerdo para poner fin a la guerra. Netanyahu ha rechazado esa demanda y afirma que Israel continuará su ofensiva hasta que Hamás sea destruido y todos los rehenes hayan regresado.
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