Colectivos de mujeres de México criticaron el miércoles el aumento de las penas para los feminicidas aprobada por la Cámara de Diputados en medio de una creciente indignación por los recientes crímenes ocurridos en la capital. Dijeron que la medida es ineficaz y no evitará nuevos asesinatos.
“Es populismo penal que no vale para nada”, afirmó la abogada Verónica Cruz, de la organización Las Libres, de Guanajuato, en el centro del país, con décadas de experiencia en temas de género.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, aseguró que “se está haciendo” todo lo necesario para enfrentar este tipo de crímenes.
La decisión de los legisladores se tomó días después del brutal asesinato y la exhibición del cuerpo de la joven Ingrid Escamilla y de un nuevo asesinato que impactó a los mexicanos, el de Fátima, una niña de 7 años que fue secuestrada al salir de la escuela y cuyo cuerpo se encontró en una bolsa de plástico.
Distintas organizaciones han insistido en que el problema de los feminicidios es la impunidad y la falta de investigaciones confiables, con lo que de poco sirve contar con condenas mayores si la mayoría de los responsables no llegan a la cárcel o no se les detiene.
“Lo fundamental es una investigación con la debida diligencia”, que haya mejores peritos y que los investigadores entiendan los contextos de violencia familiar y social, subrayó María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, una agrupación de ONG que trabaja con las autoridades.
El incremento de penas aprobado el martes con 415 votos a favor y uno en contra para subir de 45 a 65 años las condenas por feminicidio - que revisará el Senado - tendría poco efecto práctico porque la modificación afecta al código penal federal y los feminicidios suelen ser delitos del fuero común regidos por leyes estatales.
“Sólo dan respuesta al tema mediático porque no saben qué hacer”, lamentó Cruz.
En un comunicado esta semana, el Observatorio denunció la “ausencia de una política integral” que garantice una vida libre de violencia para las mujeres y la “falta de voluntad política” para atajar un crimen que se ha incrementado un 137.5% en los últimos cinco años, según cifras oficiales.
Cruz subrayó la importancia de la presión social porque eso obliga a los gobernantes a actuar. Por ejemplo: la fiscalía capitalina pidió órdenes de captura contra dos personas aparentemente vinculadas al caso de Fátima, cuando en otros casos pueden pasar años sin que las autoridades ofrezcan siquiera una línea de investigación.
La presión podría mantenerse. En redes sociales circulan diversas convocatorias en torno al Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo y otra para que las mexicanas se queden en casa el día 9 y haya un día sin mujeres en el país.
Los grupos feministas insisten en que la clave es la prevención y crear políticas públicas que eviten nuevos asesinatos, así como castigar la tentativa de feminicidio y la violencia familiar, sancionar tanto a quien no investigue como a quien revictimice o que se pongan en marcha los protocolos que se han mostrado eficaces.
“Nosotras, los movimientos feministas, también estamos fallando en la narrativa”, agregó Cruz como autocrítica porque no solo hay que acreditar un feminicidio, es preciso saber por qué se comete para poder prevenirlo.
Mientras continúa el debate, siguen las muertes y las palabras de las autoridades prometiendo justicia: el miércoles las capitalinas hablaban de Fátima, las de Guerrero de otra niña, Jaqueline, asesinada en Coyuca de Benítez y las de Coahuila, en el norte del país, del hallazgo de una bebé cuyo cadáver se localizó en un terreno baldío de la ciudad de Saltillo.
