El juez británico Howard Riddle retrasó la audiencia al fundador de WikiLeaks Julian Assange, alegando que necesitaba tiempo para considerar si Assange debe ser extraditado a Suecia.
La audiencia de extradición queda así prevista para el 24 de febrero.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, compareció durante tres días ante un tribunal londinense para tratar de impedir su extradición a Suecia donde se le acusa de cuatro delitos sexuales.
Su abogada alega que la extradición a Suecia podría implicar que Estados Unidos le reclamase para iniciar otro proceso por la filtración de los documentos diplomáticos que realizó su organización.
Assange, que se encuentra en libertad tras haber pagado una fianza de 283.000 euros, llegó al Tribunal de Magistrados de Belmarsh con su abogada Jennifer Robinson.
Está acusado de comportamiento sexual indebido con dos mujeres que conoció durante su visita a Estocolmo en 2010.
Tres días de audiencia
Los abogados defensores justifican contra su extradición que no se le ha acusado de delito alguno formalmente y que su traslado a Suecia podría suponer tan sólo una escala para ser enviado a los tribunales estadounidenses, donde se le podría condenar a la pena de muerte.
Al mismo tiempo, los funcionarios estadounidenses tratan de crear un caso penal contra el fundador del sitio de internet que difundió secretos de estado a través de la publicación de una serie de cables diplomáticos y archivos de secretos militares de Estados Unidos.
Los abogados de Assange afirman que la fiscalía tiene conexión con la filtración de información y tiene motivación política.
El alegato preliminar de la defensa, difundido por los abogados de Assange, señala que "existe un verdadero riesgo que, de ser extraditado a Suecia, Estados Unidos trate de obtener su extradición o su entrega ilegal a ese país, donde corre un peligro real de ser detenido en la prisión de Guantánamo o en otro lugar".
El documento agrega que "hay un riesgo real de que se le condene a la pena de muerte" en el caso de que sea enviado a Estados Unidos. Este argumento cobra fuerza teniendo en cuenta que la ley europea establece que los sospechosos no pueden ser extraditados a jurisdicciones donde corran el riesgo de ser ejecutados.
