Casi dos años después del asalto al Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021, la extensa investigación federal sobre los disturbios continúa a una “velocidad y escala sin precedentes”, con más de 950 personas arrestadas, dijo el miércoles el secretario de Justicia de EEUU, Merrick Garland.
Ese número representa menos de la mitad de los entre 2.000 y 2.500 partidarios del expresidente Donald Trump que se cree que entraron por la fuerza en el Capitolio mientras los legisladores estaban reunidos para certificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
Hoy Garland dijo que el Departamento de Justicia sigue decidido a llevar ante la justicia a todos los infractores de la ley.
“Seguimos comprometidos con garantizar la rendición de cuentas de los criminales responsables del ataque del 6 de enero a nuestra democracia”, señaló Garland en un comunicado. “Y seguimos comprometidos con hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esto vuelva a suceder”.
David Sundberg, subdirector a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Washington que ha estado dirigiendo la investigación federal, indicó que la pesquisa podría llevar años.
“En los meses y años venideros, la oficina local del FBI en Washington seguirá colaborando con las oficinas de los fiscales federales de todo el país para llevar ante la justicia a quienes intentaron usar la violencia para usurpar con su voluntad la voluntad del pueblo”, dijo Sundberg en una declaración.
Si bien la mayoría de los arrestados hasta ahora en relación con el ataque del 6 de enero se han enfrentado a cargos por delitos menores, como ingresar o permanecer en un edificio federal restringido, otros han sido procesados por delitos más graves.
Entre ellos se encuentran Stewart Rhodes, fundador y líder de los Oath Keepers, una milicia antigubernamental, y Kelly Meggs, líder de este grupo en su capítulo de Florida. Ambos fueron declarados culpables de conspiración sediciosa en noviembre. El cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
Por separado, cinco miembros del grupo extremista Proud Boys, incluido su presidente, Enrique Tarrio, están siendo juzgados por cargos de conspiración sediciosa en un tribunal federal de Washington.
Los fiscales dicen que estos dos grupos pro-Trump movilizaron a sus miembros para asaltar el Capitolio.
Jordan Strauss, exfiscal federal, dijo que el Departamento de Justicia parece estar adoptando “un enfoque muy cercano a la tolerancia cero” para enjuiciar a los perpetradores del ataque del 6 de enero.
“Parece que persiguen al 100 por ciento de aquellos que creen que cometieron delitos”, comentó a la Voz de América Strauss, quien actualmente se desempeña como director gerente de Kroll, una firma consultora de investigación y riesgo corporativo.
En su informe final, el comité del Congreso que investigó las circunstancias que llevaron al 6 de enero culpó del ataque a Trump, acusando al expresidente de participar en un “plan de varias partes” para anular el resultado de las elecciones presidenciales.
Trump criticó el informe y lo tildó de “cacería de brujas”.
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