Las sanciones emitidas por el juez federal de distrito Murray Snow consistieron en "inferencias adversas" contra la oficina de Arpaio, las cuales pueden ser consideradas por el juez cuando se pronuncie sobre los hechos del caso.
Uno de los abogados de Arpaio, Tim Casey, expresó satisfacción por el fallo. "Creo que el juez, considerando los hechos, fue muy justo en su evaluación", dijo Casey.
El juez determinó en febrero del 2010 que procedía la sanción contra la oficina de Arpaio por desechar o destruir algunos expedientes de interceptaciones viales efectuadas durante los patrullajes migratorios de Arpaio, pero decidió imponer el castigo hasta el viernes.
Un puñado de hispanos, que presentó la querella, afirman que los agentes de Arpaio detenían, sin razón, vehículos de personas con aspecto hispano para preguntarles su situación migratoria, aunque carecían de facultad para hacerlo.
Arpaio ha negado los señalamientos de tipificación racial, con el argumento de que las personas eran detenidas en sus vehículos porque los agentes tenían una causa probable para creer que habían cometido alguna infracción, y que era entonces cuando los agentes descubrían que muchos de los interceptados eran inmigrantes sin permiso para estar en Estados Unidos.
Durante las "redadas", los agentes se concentraban durante varios días en un área de una ciudad —en algunos casos eran zonas con una población mayoritariamente hispana— para detectar a infractores viales y arrestar a otros delincuentes. Los inmigrantes sin autorización para estar en el país representaron el 57% de las 1.500 personas detenidas en las 20 redadas que efectuó la oficina de Arpaio desde enero del 2008.
Según las sanciones emitidas este viernes, Snow puede inferir que los documentos habrían sugerido que no siguieron las reglas de tolerancia cero que los obligan a detener a todos los infractores de tránsito, y que los documentos habrían incluido más detenciones por motivos migratorios que los expedientes relacionados con la vigilancia vial normal.
Algunos correos electrónicos de la oficina de Arpaio sobre las redadas, que supuestamente fueron borrados por la oficina del alguacil, aparecieron cuando se descubrió que el condado les había hecho copias como parte de un procedimiento de rutina para conservar documentos en una medida adoptada por otra demanda.
