La expresidenta argentina Cristina Fernández negó el lunes ante la justicia ser la responsable de una asociación ilícita integrada por funcionarios y grandes empresarios que habrían pagado millonarios sobornos para adjudicarse obras públicas y se consideró una perseguida política.
Fernández (2007-2015) presentó un escrito en el juzgado federal a cargo del magistrado Claudio Bonadío en el que lo acusó de inventar causas en su contra. El contenido del mismo fue difundido por la también senadora opositora en las redes sociales.
La ex gobernante, de 65 años y quien hasta ahora no había hablado públicamente sobre estas nuevas imputaciones, llegó a la sede del tribunal en medio de grandes medidas de seguridad. Allí se negó a contestar preguntas, como ha sido su habitual proceder en cada una de las otras tres ocasiones en las que el juez la citó en diversas causas.
Esta vez la exmandataria fue citada en lo que es considerada la mayor trama de corrupción de los últimos años en Argentina. Hasta ahora hay 38 imputados, 15 detenidos y 10 arrepentidos, entre empresarios y exfuncionarios de las administraciones de Fernández y su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).
Según versiones de la prensa local con acceso a la causa -que se encuentra bajo secreto de sumario- uno de los al menos nueve empresarios que reconocieron ante el juez haber pagado sobornos dijo que Fernández sabía al detalle cómo marchaba la recaudación ilegal.
En su escrito la senadora acusó a Bonadío de ser un juez enemigo que ha armado una nueva causa en su contra y afirmó que el "disparate" del que es víctima se debe a las interferencias del gobierno del presidente Mauricio Macri sobre la justicia.
Afirmó que desde diciembre de 2015, cuando dejó el poder, cinco de las seis causas penales en su contra fueron impulsadas por Bonadío.
En esta ocasión -señaló- el juez armó "un nuevo expediente mellizo para imputarme otra vez como jefa de una presunta asociación ilícita". La senadora cuestionó que por ese delito ya se encuentre "perseguida" en una causa en la que se investiga a empresarios beneficiados con contratos públicos y procesada en otras dos, y solicitó que otro juez unifique todas las pesquisas.
La causa que ahora acapara la atención pública se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos en los que ese empleado supuestamente registró entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que numerosos empresarios habrían pagado millones de dólares en sobornos.
Entre los destinos a los que habría llegado el dinero está la residencia presidencial y un domicilio particular en Buenos Aires de Fernández y su esposo, quien también aparece salpicado en la supuesta trama delictiva.
Pero Fernández puso en duda la investigación periodística y arremetió contra Oscar Centeno, el chofer testigo de la trama. Además pidió la recusación de Bonadío y de los fiscales que intervienen en la pesquisa.
Afirmó que detrás de la causa se oculta el intento del gobierno de ocultar la crisis económica y las recientes denuncias de corrupción en contra de autoridades por el financiamiento irregular de sus campañas electorales.
Según las anotaciones del chofer difundidas por La Nación, Fernández aparece mencionada en al menos tres ocasiones. En una de ellas Centeno relata una reunión de 2013 de la entonces mandataria con dos funcionarios en la cual "los instruyó para que sigan recaudando de las empresas".
Esas referencias complican a la exmandataria de forma más directa que en otras causas, señalan analistas.
En su escrito ante el juez, Fernández también pidió que se investigue "toda la obra pública" realizada a nivel nacional y en jurisdicciones gobernadas por la oposición y que la investigación alcance a Macri y sus familiares por haber liderado empresas adjudicatarias de obras.
Angelo Calcaterra -primo de Macri- es uno de los más de una docena de empresarios investigados por Bonadío. Según la prensa, para no quedar detenido y obtener otras ventajas, admitió ante el juez el pago de montos millonarios destinados a financiar las campañas electorales del kirchnerismo.
El exjefe de gabinete de Fernández, Manuel Abal Medina, declaró por su parte que empresarios realizaron aportes "voluntarios" para las campañas electorales.
Bonadío ha pedido al Senado autorización para allanar los domicilios particulares de Fernández, lo que será analizado el miércoles.
Este mismo juez pidió en 2017 el desafuero de la senadora para arrestarla por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994, sin que hasta ahora el pedido haya sido tratado por los legisladores.
Bonadío decidirá en los próximos días si pide de nuevo el desafuero de Fernández.
