El desconcierto en torno al avión retenido en Buenos Aires y sus cerca de 20 tripulantes, que están bajo investigación judicial, crecía el miércoles luego de que el gobierno afirmó que los ocupantes iraníes serían instructores de vuelo del resto de la tripulación de nacionalidad venezolana.
El ministro de Seguridad, Anibal Fernández, dijo que “hasta ahora no se ha encontrado nada” que vincule al avión de carga de la empresa venezolana Embrasur y a sus 19 tripulantes con actividades ilegales, por lo que “es una posibilidad cierta” que se tratara de un vuelo de capacitación.
De esa forma el ministro avaló la teoría que esbozó recientemente el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, en torno al avión que está retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires y cuya presencia ha sido criticada por la oposición y la comunidad judía. Rossi consideró que los cinco iraníes podían ser instructores de vuelo que también integraban 14 venezolanos, aunque dijo que era una “presunción”.
El mismo Rossi también dijo que la aeronave de la empresa Embrasur -perteneciente a la estatal venezolana Conviasa- arribó al país sudamericano proveniente de México y que transportaba una carga para distintas autopartistas argentinas que son proveedoras de automotrices.
El avión cargó las piezas en México, pasó por Caracas y debió aterrizar en la ciudad argentina de Córdoba antes de llegar a Buenos Aires porque las condiciones climáticas no permitían su llegada directa al aeropuerto de Ezeiza. Una vez en la capital argentina, su carga fue verificada sin inconvenientes.
El gobierno ha puntualizado que los extranjeros a los que la justicia ha secuestrado sus pasaportes, teléfonos móviles y computadoras, no están privados de la libertad.
Sin embargo, no pueden salir del país por decisión del juez federal Federico Villena. El magistrado dispuso el secuestro de sus pertenencias durante un allanamiento realizado la víspera por la policía en el hotel donde se alojan, en el marco de la investigación que busca determinar su identidad y el motivo de su arribo.
En ese requisamiento, a los venezolanos se les sustrajo su pasaportes, mientras que los iraníes habían sido objetos de la misma medida con anterioridad, por decisión de las autoridades migratorias.
La Asociación Mutual Israelita Argentina y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas exigen el “total esclarecimiento” de los motivos de la llegada de la aeronave.
Argentina fue blanco de dos atentados terroristas: el primero en 1992, que voló la embajada de Israel en Buenos Aires, y el segundo en 1994 que destruyó la sede de la AMIA, los cuales, según la justicia local, fueron ideados por el régimen iraní. Por el ataque a la mutual judía pesan órdenes de captura de Interpol sobre varios exdiplomáticos y exfuncionarios iraníes.
El gobierno sostiene que sobre los tripulantes no existe ninguna orden de captura y que estaban habilitados para ingresar.
El ministro Fernández señaló que las autoridades decidieron retener la aeronave porque luego de aterrizar en Argentina llegó información de organismos de inteligencia extranjeros que advertía que fue operada en el pasado por Mahan Air, “compañía relacionada con la fuerza Quds” de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, cuyos “miembros y empresas fueron marcadas o definidas como terroristas en 2007 por Estados Unidos.
“Pero todo eso hay que chequearlo, no hacemos conjeturas al respecto”, acotó el funcionario.
El gobierno también ha indicado que la aeronave estuvo en mayo en Paraguay para buscar una carga de tabaco que iba a Caracas y Aruba, mientras que Uruguay no le permitió el ingreso recientemente.
Dos días después de su llegada a Buenos Aires la aeronave despegó con destino a Uruguay -donde según versiones de la prensa argentina pretendía cargar combustible que empresas petroleras le habían denegado en suelo argentino-, y tras sobrevolar el Río de La Plata durante unos minutos aterrizó nuevamente en la misma terminal porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
Estados Unidos aplica sanciones a quienes presten colaboración a la estatal venezolana dueña de Embrasur, la cual transporta funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
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