El director y editor jefe del Semanario Búsqueda de Uruguay, el periodista Claudio Paolillo, quien es a su vez es director regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), calificó la decisión de la justicia Venezolana en contra del diario “El Nacional” como “un nuevo acto de censura del gobierno autoritario y casi dictatorial de Hugo Chávez”.
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Según considera Paolillo, la justificación de que la medida fue adoptada por la Justicia no representa una excusa porque “en Venezuela el Poder Judicial está sometido a los designios de Chávez”.
En tal sentido destacó que “no es casualidad además, que este acto de censura tiene fecha de vencimiento, es que son 30 días” y es porque “justamente hay elección parlamentarias en ese período”.
El director regional de la SIP consideró que en Venezuela lo que se constata es que “no existe separación de poderes” y que “se terminó la República” y el concepto de “democracia republicana porque todos los poderes responden al presidente”.
Al ser preguntado respecto a la actitud de otros gobiernos latinoamericanos que en su momento amenazaron seguir la senda de Venezuela, procurando limitar la actividad de la prensa, Paolillo observa que “el griterío ha parado un poco”, refiriéndose a los permanentes llamados a controlar los medios de prensa.
En particular señaló a lo que definió como “los socios de Chávez”, entre los impulsores de medidas para limitar el trabajo de la prensa, como “(Rafael) Correa en Ecuador, (Evo) Morales en Bolivia, (Daniel) Ortega en Nicaragua y en otro sentido también los Kirchner en Argentina”.
Aplicar la Carta Democrática
En particular Paolillo criticó la actitud de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuando el gobierno de Venezuela actúa “desconociendo la Carta Democrática Interamericana, aunque la ha firmado”, lo que convierte a la propia Carta Democrática en “letra muerta”.
El director regional de SIP recordó que “existen sanciones” para quienes no cumplen con la Carta Democrática y criticó el hecho de que “la OEA y en particular su actual secretario general, José Miguel Insulza” aplique criterios diferentes al reclamar la aplicación de la carta Democrática.
Como ejemplo, recordó que “si se pudo aplicar la Carta Democrática para Honduras por la violación de la Constitución” en el derrocamiento del ex-presidente Manuel Zelaya, “también debería medirse con la misma vara el hecho de que en Venezuela el Poder Judicial y el Poder Legislativo, estén sometidos al Poder Ejecutivo, que las garantías individuales hayan desaparecido casi por completo y que la libertad de prensa esté permanentemente amenazada y sometida al acoso del Poder Ejecutivo”.
En su opinión, “en este caso Insulza no es tan activo como lo fue en el caso de Honduras, de manera hay un modo hemipléjico de ver el asunto”.
