Las autoridades estadounidenses ampliaron el uso de una aplicación telefónica que garantiza que los inmigrantes sin papeles que son liberados se presentan a sus audiencias con miras a su posible deportación durante la pandemia del coronavirus.
Activistas dicen que esto viola su privacidad y hace que sientan que no están libres.
Más de 125.000 personas -muchas de ellas detenidas en la frontera con México- se ven obligadas a instalar una aplicación llamada SmartLink en sus teléfonos, comparado con las aproximadamente 5.000 de hace menos de tres años.
La aplicación permite a las autoridades seguir los pasos de estas personas, exigiéndoles que envíen un selfie o hagan o reciban una llamada cuando se lo piden.
Si bien esta tecnología es menos incómoda que las tobilleras electrónicas, activistas dicen que obligar a los inmigrantes a usar la aplicación es injusto dado que muchos pagaron fianzas y quedaron a la espera de que los tribunales de inmigración, abrumados por la cantidad de trabajo atrasado que tienen, atiendan sus casos.
Los procesos de inmigración son administrativos, no penales, y la gran mayoría de las personas que tienen procesos pendientes no han sido detenidas.
A los activistas les preocupa la posibilidad de que el gobierno use la información recabada por la aplicación sobre el paradero y los contactos de los inmigrantes para detener a extranjeros sin papeles.
“Es asombroso que en un par de años el uso de esta aplicación haya aumentado tanto y que ahora se use tanto y en todos lados”, expresó Jacinta González, directora de campaña senior de la organización defensora de los derechos de los hispanos Mijente. “Hace que al gobierno le resulte mucho más fácil rastrear a mucha más gente”.
El uso de la aplicación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) se incrementó durante la pandemia, cuando muchos servicios del gobierno se procesaron a través de la internet.
Siguió aumentando cuando el presidente Joe Biden pidió al Departamento de Justicia que redujese el empleo de cárceles privadas. Su gobierno se ha mostrado a favor del uso de alternativas a la detención para asegurarse de que los extranjeros sin papeles asisten a las vistas judiciales.
La cantidad de procesos pendientes en los tribunales de inmigración subió a 1,6 millones y los procesados a menudo deben esperar años para ver a un juez que determinará si pueden permanecer en el país o no.
Desde que comenzó la pandemia, las autoridades de inmigración redujeron la cantidad de inmigrantes detenidos y promovieron el uso de alternativas como la aplicación.
SmartLink es un producto de BI Inc, una subsidiaria de la empresa de cárceles privadas The GEO Group. GEO, que administra centros de detención del ICE, desistió de responder a preguntas sobre la aplicación, diciendo solamente en un comunicado que “es una forma efectiva de rastrear a los no ciudadanos liberados” a la espera de que se resuelvan sus procesos.
En una vista legislativa reciente, el gobierno dijo que SmartLink es una opción mucho más barata que la detención de una persona: cuesta unos 4,36 dólares al día, comparado con los 140 dólares diarios que representan la detención.
Activistas afirman que inmigrantes que pasaron meses en centros de detención y luego son liberados tras el pago de una fianza deben usar la aplicación cuando van a una primera cita relacionada con su deportación. Lo mismo se aplica a padres e hijos que solicitan asilo en la frontera con México.
Al principio, SmartLink fue vista como una alternativa menos pesada que las tobilleras electrónicas para los inmigrantes que son liberados tras ser detenidos, pero ahora se la usa de forma más generalizada con inmigrantes sin antecedentes delictivos y que no han sido apresados, de acuerdo con Julie Mao, subdirectora de la organización defensora de los derechos de los inmigrantes Just Futures. En el pasado, los inmigrantes a menudo lo único que tenían que hacer era contactarse periódicamente con las autoridades.
La mayor parte de las personas lo hacen, pero algunas no. En esos casos, los jueces de inmigración emiten órdenes de deportación y los agentes deben ubicarlas y enviarlas de vuelta a sus países. En el año fiscal del 2018, aproximadamente una cuarta parte de los fallos de los jueces de inmigración fueron órdenes de deportación de personas que no se habían presentado a sus citas, según las estadísticas de los tribunales.
Activistas plantean que los sistemas de vigilancia son irrelevantes en estos casos, pues cualquiera que no piense presentarse ante las autoridades dejará de contactarlas, destruirá su teléfono y se mudará, tengan la aplicación SmartLink o no.
Dicen que les preocupa la posibilidad de que los agentes de inmigración sigan los pasos de los inmigrantes a través de SmartLink mucho más de cerca de lo pensado, del mismo modo que hacen las aplicaciones comerciales, que rastrean la ubicación de la gente a través de sus teléfonos.
En la justicia penal, las autoridades emplean aplicaciones similares para vigilar a personas que esperan juicio o que cumplen sentencias. Robert Magaletta, director ejecutivo de Shadowtrack Techologies, de Luisiana, asegura que la tecnología no rastrea continuamente a las personas, sino que registra sus ubicaciones cuando deben contactar a las autoridades y que la empresa ofrece a las autoridades un servicio separado, de rastreo constante, a través del uso de relojes a prueba de manipulaciones. Activistas, no obstante, sostienen que el rastreo momentáneo de la ubicación de la gente puede ser usado para detectar amigos y compañeros de trabajo que no tienen permisos de residencia.
Destacan que investigadores del servicio de inmigración usaron datos de GPS obtenidos de tobilleras electrónicas en una planta procesadora de pollos de Mississippi para lanzar una gran redada.
Para los inmigrantes que llevan tobilleras electrónicas, que irritan la piel y hacen sonidos fuertes de a ratos, la aplicación representa una mejoría de su situación, de acuerdo con Mackenzie Mackins, abogada de inmigración de Los Ángeles. Es menos dolorosa y más discreta, según dice, añadiendo que las tobilleras hacían que sus clientes sintieran que los demás los considerasen delincuentes.
SmartLing, de todos modos, puede ser una pesada carga para inmigrantes que llegaron a Estados Unidos huyéndole a persecuciones o que temen que una falla tecnológica les impida contactar a las autoridades cuando les corresponde.
Roseanne Flores, una asistente de abogado del estudio Hilf and Hilf en Troy (Michigan), dijo que hace poco atendió llamadas de clientes asustados porque la aplicación no estaba funcionando. Por ello tuvieron que presentarse en persona ante los agentes de inmigración.
“Puedo ver el sufrimiento que les causa”, manifestó Flores.
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