El Departamento de Defensa de Estados Unidos se encargará de las investigaciones de antecedentes para el gobierno federal, utilizando una mayor automatización y análisis de alta tecnología para ajustar los controles y hacer frente a un enorme atraso de trabajadores a la espera de autorizaciones de seguridad, informaron funcionarios.
El cambio apunta a arreglar un sistema cuyas debilidades quedaron expuestas por el caso de un contratista de la Marina que abatió a una docena de personas en el Navy Yard de Washington en 2013. El hombre logró mantener una autorización de seguridad a pesar de las preocupaciones sobre su salud mental y un arresto que los investigadores nunca revisaron.
Anteriormente habían surgido problemas con el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional Edward Snowden, quien ahora vive en Rusia para evitar cargos por revelar material clasificado, y con la soldado transgénero Chelsea Manning, quien fue a prisión por filtrar documentos clasificados. Todos esos casos provocaron llamadas para actualizar el antiguo sistema e incluir controles penales y financieros más frecuentes de los trabajadores que tienen autorizaciones de seguridad.
Otro problema han sido las demoras: un retraso de aproximadamente 700,000 personas, incluidos altos funcionarios federales que esperan hasta un año para obtener autorizaciones. El yerno y consejero principal del presidente Donald Trump, Jared Kushner, por ejemplo, recibió su autorización permanente hace unas semanas, más de 16 meses después de que Trump asumió el cargo. La demora, dijo su abogado, fue causada por el atraso en la nueva administración y la gran riqueza financiera de Kushner, que requirió una larga revisión.
Funcionarios del Pentágono dijeron que durante los próximos tres años, el Departamento de Defensa asumirá la responsabilidad de todas las investigaciones de antecedentes que involucren a sus empleados y contratistas militares y civiles. Pero según un funcionario de EE.UU., se espera que la Casa Blanca otorgue pronto al Departamento la autoridad para realizar revisiones de seguridad para casi todas las demás agencias gubernamentales. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir la decisión antes de que se anunciara públicamente.
Los planes para transferir la responsabilidad de la Oficina de Administración de Personal al Pentágono para los aproximadamente 3,6 millones de empleados del Pentágono, dirigidos por la legislación de defensa para el año fiscal 2017, ya están en marcha. El nuevo programa incluirá un sistema de controles continuos que extraerá y analizará automáticamente los datos penales, financieros, de abuso de sustancias y, eventualmente, los datos de las redes sociales, de forma más regular, en lugar de cada cinco o 10 años como se hace ahora.
Garry Reid, director de inteligencia defensiva, dijo que el cambio de responsabilidad al Pentágono permitirá a los funcionarios de la OPM comenzar a reducir el actual retraso de 700,000, de los cuales aproximadamente 500,000 son trabajadores del Departamento de Defensa. El Pentágono no se hará cargo de ninguno de los casos atrasados porque ya están en marcha en OPM.
Si bien la Oficina del Director de Inteligencia Nacional es el agente ejecutivo del programa, y establece los lineamientos para los requisitos de seguridad basados en las pautas federales de investigación. OPM y el Pentágono llevan a cabo el proceso de investigación, trabajando con el DNI.
Bill Evanina, director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, dijo en su audiencia de confirmación el mes pasado que a mediados de junio el director de inteligencia nacional emitiría una guía a los departamentos y agencias para actualizar las normas federales de investigación del 2012 utilizadas para verificar las autorizaciones de seguridad. Dijo que el gobierno también estaba trabajando en formas de permitir que los contratistas y los trabajadores federales se muevan más fluidamente entre el sector privado y el gobierno sin tener que obtener nuevas autorizaciones.
Evanina dijo que los cambios podrían resultar en una reducción del 20 por ciento en la acumulación de pedidos dentro de los seis meses.
En el primer año, el Pentágono se hará cargo de las investigaciones de aquellos que buscan una renovación de su autorización secreta, y luego en los próximos dos años se enfrentará a quienes busquen su autorización secreta inicial y luego a los empleados que busquen altas renovaciones secretas y autorizaciones iniciales, dijo Reid, en una entrevista reciente con The Associated Press.
Según Reid, unas 20 personas ya están a bordo configurando el programa y 350 más serán contratados en los próximos meses.
Costará $ 40 millones adicionales para el año fiscal 2019. Pero con el tiempo, dijo, el Departamento espera gastar "significativamente menos" que el precio actual de $ 1.3 mil millones para el programa debido a la mayor automatización y otros ahorros.
Un problema clave que contribuye a la acumulación es que las investigaciones de campo sobre los trabajadores que buscan autorizaciones de seguridad pueden tardar hasta 500 días, ya que los investigadores rastrean los registros y realizan entrevistas con los vecinos y otros conocidos del empleado.
Un análisis del proceso, dijo Reid, encontró que el 50 por ciento de las cargas de trabajo de los investigadores involucra tareas como conducir por el país, buscar fuentes y buscar personas con quienes hablar sobre los empleados.
Usando verificaciones más automáticas y continuas, dijo, "se puede encontrar la misma información que toma cientos de días y francamente mil millones de dólares al año para hacer, y recopilar información similar".
Como ejemplo, dijo que un cheque automatizado podría revelar información en la base de datos criminal de la nación sobre un incidente que de otro modo no se informó ni comunicó entre una agencia de aplicación de la ley local y el ejército.
Carrie L. Wibben, directora de contrainteligencia y seguridad del Pentágono, dijo que como resultado, el Departamento está descubriendo problemas años antes de que los investigadores los hayan presentado en chequeos de cinco o diez años regularmente programados.
Los trabajadores con autorización secreta se vuelven a evaluar cada 10 años, y aquellos con autorizaciones secretas superiores se controlan cada cinco años.
También dijo que a través de tecnología avanzada, el Departamento podrá determinar los factores de riesgo específicos para los trabajadores en función de su historial, y luego establecer controles y análisis automáticos para detectar problemas.
Por ejemplo, un empleado que tenía algunos problemas financieros menores podría obtener su crédito con mayor frecuencia.
El Departamento ya comenzó el proceso de evaluación contínua para aproximadamente 1,1 millones de empleados, y desde enero, se han revocado los permisos de seguridad de 58 trabajadores.
Si bien las redes sociales pueden proporcionar una gran cantidad de información sobre las personas, también presentan un desafío. Wibben dijo que el Departamento ha realizado programas piloto para evaluar el valor, pero hasta ahora dijo que el Pentágono no está buscando información de las cuentas de los trabajadores en las redes sociales.
"El desafío de las redes sociales en general es la fidelidad: no se puede creer todo lo que se lee en Internet", dijo Reid, y agregó que investigar las publicaciones en Internet de todos sería inútil y erróneo. "Así que tenemos la autoridad, francamente, de hacer más, pero hacerlo efectivo es algo que todavía estamos investigando realmente".
