Familiares de desaparecidos, ex presos políticos y organizaciones de derechos humanos en Uruguay dicen que seguirán luchando para acabar con la ley de caducidad, pese al sabor amargo que les dejó el fracaso de su anulación en el Parlamento luego de una maratónica jornada de 14 horas.
Ese es el ánimo con el que irán este viernes a la llamada Marcha del Silencio, que realizan de forma anual todos los 20 de mayo desde 1996 en reclamo del esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura uruguaya (1973-1985), dijo a la Voz de América Julio Martínez, secretario de Crysol, una asociación de ex presos políticos de Uruguay.
“Indudablemente va a haber un dejo de tristeza, pero también de redoble de la fuerza para seguir bregando y solucionar este tema (…), y que de una vez por todas en nuestro país se haga realidad lo que dice la Constitución de que todos somos iguales ante la ley y no que algunos pueden ser juzgados y otros no”, sostuvo Martínez. “Hay instrumentos. Será más lento pero no vamos a aflojar en nuestro empeño”.
Marisa Ruiz, vicepresidenta de Amnistía Internacional en Uruguay, dijo a la Voz de América que su organización también participará de la Marcha del Silencio en apoyo a los familiares de las víctimas.
En coincidencia con un comunicado emitido por Guadalupe Marengo, subdirectora del programa Américas de la ONG en Londres, subrayó que Uruguay “perdió una oportunidad histórica para hacer justicia” y queda muy mal parado a nivel internacional por no cumplir con los convenios internacionales de derechos humanos que ha firmado.
Con la ley de caducidad, sancionada en 1986, los jueces deben pedir autorización al Poder Ejecutivo para excluir casos de crímenes cometidos durante la dictadura.
El periódico El País informó por su parte que el Frente Amplio, el partido de izquierda en el gobierno, “ya conformó una comisión que estudiará varias (opciones) para conseguir la anulación, entre las que figura la posibilidad de convocar a un nuevo referéndum”.
Pero no será tan fácil seguir adelante con esta propuesta tras el desgaste causado por los meses de debates y enfrentamientos en torno al tema.
Contra la anulación
Después del fracaso de la anulación en la Cámara de Diputados –que no consiguió los 50 votos necesarios debido a que el diputado oficialista Víctor Semproni se negó a aprobar la iniciativa-, hay quienes consideran que se cerró una etapa y que se deben buscar otros mecanismos para juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura.
Uno de los argumentos esgrimidos por los que se oponían a anular la ley es que fue respaldada por la ciudadanía en dos plebiscitos convocados por la izquierda uruguaya en 1989 y en 2009.
"Le está pasando por arriba a dos plebiscitos", advirtió el propio presidente José Mujica, del gobernante Frente Amplio, semanas antes de que la ley se votara en la Cámara de Diputados. El mandatario agregó en ese entonces que de aprobarse la anulación, el Frente Amplio sufriría importantes costos políticos.
Sus advertencias fueron sobrepasadas por su partido, que a través de su mesa política y plenario nacional decidió proseguir con la votación para anular la ley.
Tras un agotador proceso legislativo y meses de discrepancias, el proyecto naufragó en el Parlamento al considerar el diputado Víctor Semproni que iba en contra de la voluntad de la ciudadanía expresada en los dos plebiscitos. Una postura similar a la de Mujica, pero contraria al resto del Frente Amplio.
Costos políticos
Con o sin ley de caducidad, la imagen pública del presidente, que hoy cumple 76 años, se vio afectada, coincidieron analistas políticos consultados por los medios locales.
Por un lado, mostró falta de liderazgo dentro de su partido. Y si bien siempre se mantuvo firme en su opinión de que no se debía anular la ley, primero dijo que no iba a intervenir en el proceso legislativo, pero antes de que se votara el proyecto en la Cámara de Diputados se acercó a los legisladores para expresarles su preocupación por la eventual votación.
“La postura de fondo del presidente fue muy coherente” pero “esto lo debe decir la ciudadanía y las contradicciones en el corto plazo pueden llevar a cuestionamientos de la figura de Mujica”, dijo el director de Opinión Pública de Equipos Mori, Ignacio Zuasnábar, al periódico El Observador.
El Frente Amplio –que apoyó los dos plebiscitos para anular la ley- tampoco se salva.
“Paga el precio de haber abandonado su principio de ‘que el pueblo decida’ (…)”, dijo el director de la consultora Factum, Oscar Bottinelli, a El Observador.
“Tanto el FA como fuerza política, como el PIT-CNT (la central obrera de Uruguay) como fuerza social, han perdido autoridad para volver a recurrir a los mecanismos plebiscitarios y referendarios”, y “el costo de haber abandonado por un tiempo importante los otros temas del país, que son los que prioriza la gente común”, concluyó.
