Expertos en política interior de Venezuela evalúan que la idea de incluir a un gobernador del chavismo en un Consejo de Estado para una eventual transición es una oferta que apuesta a la pluralidad, pero prefieren abordar sus probabilidades de éxito con suma cautela y pronósticos reservados.
Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció en marzo un marco de 12 pasos para la transición democrática en Venezuela, que propone la creación de una junta de gobierno de cinco miembros, entre los cuales estarían dos gobernadores.
“Cada partido o coalición de partidos con un 25% de miembros de la Asamblea Nacional escoge a dos miembros que formarán parte del Consejo de Estado, siendo uno de ellos forzosamente gobernador de un estado”, detalla el plan.
Valora que la propuesta de incluir a los gobernadores en el post madurismo “no es descabellada” y aportaría legitimidad al proceso.
Pablo Andrés Quintero, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, opina que el documento a la transición tiene como “punto a favor” la intención de inclusión y pluralidad al momento de elegir a los sectores políticos que harían parte de ella.
Advierte, sin embargo, que la oferta no termina de ser del todo clara en cuanto al nivel de participación de los dos mandatarios regionales seleccionados para el proceso o sobre los pasos precisos a tomar para desmontar las sanciones económicas.
Comenta que los partidos que respaldan a Juan Guaidó, presidente interino y dirigente del Parlamento venezolano, deben estar cohesionados y ser más proactivos.
“El plan es casi imposible (de ejecutar) sin los factores de oposición, que no están organizados en Venezuela. No está segmentada, no se comunica (con la gente)”, dice.
Quintero afirma que dirigentes del chavismo conocen desde hace años la propuesta de incluir a al menos uno de ellos entre los líderes de la siguiente etapa política.
Explica que la iniciativa de un Consejo de Estado y la inclusión de gobernadores en él se ventiló hace años en las conversaciones de Oslo y República Dominicana.
![Sin embargo, acotó Elliot Abrams, EE.UU. considera que “en unas elecciones libres [Maduro] tiene cero oportunidades de ganar”.](https://gdb.voanews.com/6ef2f727-f6f1-469f-9951-296092d74b28_cx0_cy2_cw0_w100_r1.jpg)
El analista intuye que Estados Unidos presenta su oferta en el pleno desarrollo de la pandemia porque nota el aumento de la ingobernabilidad en Venezuela.
“Sabe que el costo político es más alto para el chavismo y el tiempo se agota”, dice.
Quintero sopesa, sin embargo, que la dinámica social interna en Venezuela no prioriza un pacto hacia la transición antes de la resolución de asuntos como la COVID-19, las fallas de los servicios públicos durante la cuarentena y la escasez de gasolina.
"Islas" de poder
Nicolás Maduro, presidente en disputa y cuyo paso al costado es clave para el éxito del plan propuesto por Estados Unidos, ha rechazado públicamente la oferta, que ha tachado de “cortina de humo” y prometió responder a ella con “la furia bolivariana”.
Elliott Abrams, enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, indicó la semana pasada que allegados de Maduro se han interesado en la iniciativa de transición.
“Sabemos que hay gente alrededor del régimen preguntando a Estados Unidos qué pasa con esto, qué pasa con lo otro”, declaró,durante una videoconferencia con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington.
Michael Kozak, subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmó, incluso, que el mismo Maduro quiere “una negociación secreta” con la administración de Donald Trump.
Jesús Castillo Molleda, politólogo de la Universidad Rafael Urdaneta, considera que la oferta de Estados Unidos puede resultar atractiva solo para una de las partes involucradas: la de Juan Guaidó, con el respaldo firme de la Casa Blanca.
Expone que Venezuela está dividida en “islas” de poder político, económico y militar, entre las que se incluyen las figuras de los gobernadores. Ese escenario, anticipa, dificultaría el éxito de los intentos de convencer a aliados del madurismo.
Otro escenario que entorpecería el acuerdo con los dirigentes regionales del chavismo es la actual correlación de fuerzas en las diferentes regiones del país.
El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene en su poder 19 de las 23 gobernaciones y la oposición, solo cuatro, recuerda Castillo Molleda.
El chavismo también controla todos los consejos legislativos regionales, 308 de las 335 alcaldías y la casi totalidad de los consejos comunales del país, precisa.
Castillo Molleda, quien realiza frecuentemente sondeos en siete estados de Venezuela, perfila que dos gobernadores chavistas despuntan entre sus colegas: Rafael Lacava, de Carabobo; y Héctor Rodríguez, en Miranda, joven exministro.
“Son percibidos por la gente como los menos radicales. Tienen entendimientos con sectores opositores e incluso atraen a votantes opositores”, diagnostica en conversación con la Voz de América.
Alude, además, al general retirado Jorge Luis García Carneiro, en Vargas (hoy La Guaira), y a Yelitze Santaella, en Monagas, como gobernadores oficialistas con “gestiones que mostrar, pero en posiciones de resguardo” en su liderazgo.
Lacava y García Carneiro están sancionados por el departamento del Tesoro de Estados Unidos desde febrero de 2019. Los pesuvistas Omar Prieto, en Zulia, y Ramón Carrizález, en Apure, también experimentan el impacto de esas medidas.
Castillo Molleda menciona que Víctor Clark, en Falcón, y Edwin Rojas, en Sucre, eran considerados gobernadores muy cercanos y “consentidos” de Maduro, pero sus gestiones y valoraciones políticas, dice, quedaron “rezagadas” en años recientes.
En el lado opositor, según el analista, no existe debate sobre quién es la gobernadora de mayor ascendencia: Laidy Gómez, del estado occidental de Táchira.
“Tiene estructura política y alianzas importantes con sus alcaldes de oposición. Tiene la primera opción de reelección en su estado. Es la más popular”, evalúa.
El politólogo desestima que, en los tiempos corrientes, algún gobernador decida apoyar públicamente el plan de transición propuesto por Estados Unidos.
Lo atribuye a la “espiral de miedo” que existe hacia el madurismo, que inhabilita, reprime y encarcela a sus rivales más visibles.
Castillo Molleda evalúa que la oposición que hace vida dentro del país no ha dinamizado su propuesta con su presencia en las calles y comunidades del país.
Forma de cercanía
Pedro Urruchurtu, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, advierte que la oferta a los gobernadores puede resultar incoherente para algunos sectores opositores.
Su argumento es que la comunidad internacional y el Parlamento venezolano han rechazado por ilegítimas las elecciones convocadas desde 2017 por la madurista Asamblea Nacional Constituyente, incluidas las regionales de octubre de ese año.
“Si partimos de que las elecciones fueron fraudulentas por la manera en que se convocan y quien las convoca, esas elecciones de gobernadores son ilegítimas”, declara a la VOA.
Venezuela elige cada cuatro años a los gobernadores de sus 23 estados. La oposición, dividida entre si participar o no en esas elecciones de 2017, ganó cinco de esos cargos.
El chavismo impidió que Juan Pablo Guanipa, actual primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, asumiera la gobernación del Zulia tras ganarla con votos.
El hoy segundo al mando de la directiva parlamentaria se negó entonces a juramentarse ante la ANC y esta ordenó repetir las elecciones en ese estado.
El resto de los ganadores, todos del partido Acción Democrática, sí se juramentaron.
Urruchurtu recuerda que la oposición desconoce los resultados de esa votación de gobernadores, así como rechaza la de Maduro en 2018.
De acuerdo con la lógica y la retórica de los detractores del madurismo, los últimos cargos electos legítimamente son las diputaciones de 2015, indica.
“Uno supone que esta (oferta a los gobernadores) es una manera de mantener cercanos a algunos factores del PSUV, no vinculados a sanciones, y es una manera de repartir cuotas de poder, quizá entre PSUV y AD, pero no queda claro”, conjetura.
A su juicio, el madurismo y las fuerzas militares se han alejado de facto de toda posible negociación de entregar el poder, como ocurrió hace un par de años en las negociaciones de Oslo, República Dominicana y Barbados.
