Hasta hace menos de tres décadas eran muy contados los países latinoamericanos donde los presidentes podían reelegirse de manera sucesiva, entre ellos Cuba, donde por más de medio siglo la democracia ha estado abolida como sistema de gobierno. Pero desde los años 90, mediante cambios constitucionales, la tendencia ha ido arraigándose en la región.
Primero fue Alberto Fujimori, en Perú, con la reforma de 1993, y luego Carlos Menem, en Argentina al año siguiente, hasta el grado de que hoy en día en 14 países de la región de diversas maneras se permite la reelección presidencial, con la notoria particularidad de Venezuela, donde Hugo Chávez logró imponerla por tiempo indefinido. Al otro extremo figuran sólo México, Guatemala, Honduras y Paraguay, que la prohíben.
Quienes defienden la idea de que un presidente pueda reelegirse una y otra vez alegan que de esa forma proyectos de gobierno que demoran mucho tiempo en concretarse pueden llegar a feliz término para beneficio de la ciudadanía, y que además si los electores están contentos con su gestión tienen las manos libres para mantenerlo al mando todo el tiempo que deseen.
Los detractores, en cambio, sostienen que la permanencia por tanto tiempo de un mandatario en el poder posibilita que el liderazgo del país vaya concentrándose en manos de una sola persona, que a la larga predomine la hegemonía presidencial sobre los otros poderes del Estado y que en resumen la nacion quede expuesta, en cualquiera de sus variantes, a una dictadura.
En los últimos años la práctica ha ido ganando terreno especialmente entre las naciones integrantes de la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con Venezuela, Cuba y Nicaragua a la cabeza, y los ejemplos más recientes son los de Bolivia y Ecuador.
El lunes pasado (20 de mayo) en Bolivia fue promulgada una ley calificada por la oposición de “golpe a la democracia” en virtud de la cual el presidente Evo Morales podría postularse nuevamente en las elecciones del año próximo en busca de un tercer mandato consecutivo.
Y en Ecuador, aunque ha dicho que ésta es la última vez, el mandatario Rafael Correa acaba de prestar juramento este viernes para un tercer periodo, el segundo según la Constitución actual, tras una reelección que ganó en las urnas y que le hizo exclamar eufórico: "Esta revolución no la para nadie".
En el caso de Argentina, de acuerdo con la Constitución, tras ser reelecta en 2011 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no podría postularse para un tercer mandato y ella ha declarado que no se propone reformar la carta magna, aunque sus allegados y simpatizantes siguen tratando de forzar el escenario para que pueda ser reelecta en el 2015.
Es cierto que ninguno ha declarado que sus intenciones sean las de perpetuarse en el poder, como nunca lo hicieron los hermanos Fidel y Raúl Castro en Cuba, pero los hechos no lo demuestran con tanta claridad como ha ocurrido en otros países, donde aun gozando de gran popularidad, sus mandatarios no modificaron las reglas constitucionales para quedarse: Tabaré Vázquez (Uruguay); Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil), y Miguel Bachelet (Chile).
Después de todo, si un presidente actúa con limpieza, la democracia le da la oportunidad de volver a postularse, como lo ha hecho la propia Bachelet en Chile de cara a los comicios de noviembre de este año, y se rumora que lo hará Dilma Rousseff, en Brasil, o en su defecto, según se dice, podría hacerlo el propio Lula. Sea como sea, la perpetuidad de un gobernante es la antítesis de la democracia.
Primero fue Alberto Fujimori, en Perú, con la reforma de 1993, y luego Carlos Menem, en Argentina al año siguiente, hasta el grado de que hoy en día en 14 países de la región de diversas maneras se permite la reelección presidencial, con la notoria particularidad de Venezuela, donde Hugo Chávez logró imponerla por tiempo indefinido. Al otro extremo figuran sólo México, Guatemala, Honduras y Paraguay, que la prohíben.
Quienes defienden la idea de que un presidente pueda reelegirse una y otra vez alegan que de esa forma proyectos de gobierno que demoran mucho tiempo en concretarse pueden llegar a feliz término para beneficio de la ciudadanía, y que además si los electores están contentos con su gestión tienen las manos libres para mantenerlo al mando todo el tiempo que deseen.
Los detractores, en cambio, sostienen que la permanencia por tanto tiempo de un mandatario en el poder posibilita que el liderazgo del país vaya concentrándose en manos de una sola persona, que a la larga predomine la hegemonía presidencial sobre los otros poderes del Estado y que en resumen la nacion quede expuesta, en cualquiera de sus variantes, a una dictadura.
En los últimos años la práctica ha ido ganando terreno especialmente entre las naciones integrantes de la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con Venezuela, Cuba y Nicaragua a la cabeza, y los ejemplos más recientes son los de Bolivia y Ecuador.
El lunes pasado (20 de mayo) en Bolivia fue promulgada una ley calificada por la oposición de “golpe a la democracia” en virtud de la cual el presidente Evo Morales podría postularse nuevamente en las elecciones del año próximo en busca de un tercer mandato consecutivo.
Y en Ecuador, aunque ha dicho que ésta es la última vez, el mandatario Rafael Correa acaba de prestar juramento este viernes para un tercer periodo, el segundo según la Constitución actual, tras una reelección que ganó en las urnas y que le hizo exclamar eufórico: "Esta revolución no la para nadie".
En el caso de Argentina, de acuerdo con la Constitución, tras ser reelecta en 2011 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no podría postularse para un tercer mandato y ella ha declarado que no se propone reformar la carta magna, aunque sus allegados y simpatizantes siguen tratando de forzar el escenario para que pueda ser reelecta en el 2015.
Es cierto que ninguno ha declarado que sus intenciones sean las de perpetuarse en el poder, como nunca lo hicieron los hermanos Fidel y Raúl Castro en Cuba, pero los hechos no lo demuestran con tanta claridad como ha ocurrido en otros países, donde aun gozando de gran popularidad, sus mandatarios no modificaron las reglas constitucionales para quedarse: Tabaré Vázquez (Uruguay); Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil), y Miguel Bachelet (Chile).
Después de todo, si un presidente actúa con limpieza, la democracia le da la oportunidad de volver a postularse, como lo ha hecho la propia Bachelet en Chile de cara a los comicios de noviembre de este año, y se rumora que lo hará Dilma Rousseff, en Brasil, o en su defecto, según se dice, podría hacerlo el propio Lula. Sea como sea, la perpetuidad de un gobernante es la antítesis de la democracia.
