![Manifestantes hicieron un homenaje a la víctimas, en el Parque Nacional, en Bogotá, el viernes 7 de mayo de 2021. [Foto: VOA/Karen Sánchez]](https://gdb.voanews.com/336fa884-e9b9-42f4-9c33-b2eb847fe93e_w250_r1_s.jpg)
Organizaciones colombianas pidieron el martes a la comunidad internacional que se cree una Comisión Internacional de Derechos Humanos que haga veeduría, en medio de las protestas y movilizaciones que se presentan actualmente en Colombia y que se han agravado por los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, dejando víctimas mortales.
A través de una una misiva, las organizaciones señalaron que la comisión debe estar conformada por diferentes organismos internacionales competentes que, junto a la ayuda de "esfuerzos locales" puedan "hacer un llamado al Estado colombiano para el cese al fuego inmediato y para detener todos los hechos de violencia".
Así mismo, piden apoyar investigaciones y seguimientos de hechos violentos por parte de miembros de la Fuerza Pública. "Lo anterior, procurando una debida reparación a las víctimas, con verdad y garantías de no repetición", dice el texto.
Otros de los objetivos es presionar al Estado colombiano "para que haga una reforma policial que suprima las políticas de represión y dinámicas de violencia que perpetúan el conflicto armado interno", así como fortalecer, apoyar y garantizar la protección de grupos de derechos humanos, de brigadas médicas y de medios independientes que están en las movilizaciones, y acompañar y verificar los procesos de diálogo que se puedan adelantar en el país con diferentes sectores.
Además de revisar "los tratados y los programas de cooperación internacional que están ligados a la situación de vulneración de derechos humanos".
Unión de esfuerzos
A raíz de la situación que se vive en Colombia, diferentes organizaciones crearon una iniciativa denominada SOS Colombia para hacer visibles las denuncias y conseguir apoyo frente a la protección de los derechos humanos.
León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, dijo en una rueda de prensa virtual, que esta alianza nace de una necesidad de "organizaciones independientes que no tiene un sesgo político", sino que "están interesadas en la protección de los derechos humanos".
En la misiva, las organizaciones señalan que el 9 de mayo, el presidente Iván Duque "ordenó el máximo despliegue militar como respuesta a las movilizaciones de grupos étnicos".
En este sentido, piden a una comisión internacional que presione al gobierno colombiano, pues, según Valencia, "está aplicando lo mismo que ha aplicado Maduro en Venezuela, que es una militarización del país para ahogar la protestas sociales, el reclamo de la oposición y el reclamo de los jóvenes, y ensayar una conversación para ganar tiempo".
Juliana Bohórquez, artista y fundadora de la Organización Meráki, explicó que se trata de "recoger diferentes voces que clamamos por los derechos humanos. No podemos permitir que se siga escalando la violencia. Estamos en un momento donde, como lo dice la carta, cada día que pasa se está llegando a un nivel que, en cualquier momento, se puede salir de las manos, más de lo que ya está pasando".
La petición, dice la vocera, se extiende a toda la ciudadanía, incluso a los legisladores del Congreso de su país.
Laura Morales, fundadora y líder de Citizens 'Climate Lobby Colombia, un grupo internacional ambiental, manifestó que la misiva se hará llegar a más de 15 mil voluntarios en el mundo, en más de 60 países, que conforman esta organización, e instó a los colombianos en el exterior para hacerla llega a los políticos que se encuentran en los países donde residen.
Por su parte, Laura Restrepo, coordinadora de Boroló, una organización que defiende el derecho a la protesta pacífica, le confirmó a la Voz de América que también tienen previsto hacerle llegar la misiva a organismos internacionales, incluidos la CIDH y la ONU, para que se integren al proceso de veeduría.
La voz de los indígenas
Las voces de esta petición también incluyen a los indígenas, quienes han sido protagonistas en los hechos recientes, pues miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) habrían sido atacados a disparos, el domingo, en medio del caos que azota a la ciudad de Cali, según informó la Defensoría del Pueblo.
Los informes señalan que los disturbios se generaron cuando civiles intentaron evitar el paso de la que se conoce como Minga Indígena (un movimiento de resistencia y protesta) en la ciudad.
![La Plaza de Bolívar -un punto frecuente de reunión de los manifestantes en Colombia- y sus alrededores, en calma durante la tarde del viernes. [Foto Karen Sánchez/VOA].](https://gdb.voanews.com/64a3fbdb-5f81-4d52-8b0c-cc8249e385b1_w100_r1.jpg)
Aida Quilcué, vocera política del CRIC, dijo en la rueda de prensa que llegaron a la ciudad a apoyar a los estudiantes y jóvenes en las marchas: "Nos da una esperanza como movimiento indígena, como minga, como organización social, hoy ya no somos los indígenas, sino el pueblo colombiano que está pidiendo cambios a gritos que tienen que llevar, en especial, garantías a la vida", pero que se necesitan "garantías de la protestas social como derecho fundamental".
Para ello, cree que es necesario "que la comunidad internacional nos proteja, nos rodee, no solo a la minga sino al pueblo colombiano… que esta en riesgo".
"Hoy han dado al orden de tratamiento militar, pero no han dado otros mecanismos que nos permitan dar una salida", dijo la vocera del CRIC.
Continúan las denuncias
La ONG Temblores, por su parte, actualizó las cifras de los resultados que han dejado las manifestaciones. Según la organización, entre el 28 abril -día que iniciaron las protestas- y el 6 de mayo, se han presentado 1.956 casos de violencia, por parte de la fuerza pública, sin contar las desapariciones; 313 personas han sido víctimas de violencia física y 40, de violencia homicida, "en los que el presunto agresor es un miembro de la fuerza publica, pero se encuentran en verificación de otros dos homicidios", señaló Restrepo.
A esto se le suman 1.003 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 418 intervenciones violentas, en el marco de las protestas pacificas; 28 víctimas de agresiones oculares, 129 casos de disparo de armas de fuego y 12 víctimas de violencias sexual.
Los reportes sobre el número de víctimas fatales difieren con las de la Defensoría del Pueblo, que han registrado 26 fallecimientos durante las protestas, 11 relacionados a las manifestaciones y 7 en proceso de verificación.
La comunidad internacional ha ejercido presión para que el Gobierno colombiano detenga la violencia en su país.
El presidente Iván Duque ha reiterado el rechazo a los actos violentos. El lunes, desde Cali, dijo que las intervenciones que se han hecho por parte la Fuerza Pública provienen de los Puestos de Mando Unificado, en presencia de las autoridades y han estado soportadas con estricto apego a los protocolos.
El mandatario no ha cedido ante las peticiones de retirar la fuerza pública de las calles para poder entablar un diálogo, pero, desde la semana pasada, inició una ronda de diálogos con diferentes sectores en busca de soluciones. El lunes, tras reunirse con dirigentes de la protesta, no llegó a ningún acuerdo.
El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo el martes que "habrá cero tolerancia a cualquier violación de la Constitución y de la ley por exceder las funciones de los funcionarios públicos, entre ellos, la fuerza pública", pero aclaró que también "hace el mayor esfuerzo para protegernos" y, por eso, "merecen respeto y su vida también debe ser protegida".
Por ahora, está prevista una nueva jornada de movilización nacional para el miércoles.
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