La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresó su conformidad con el acuerdo alcanzado en Bolivia que allana el camino para celebrar las elecciones generales el 18 de octubre 2020.
A través de un comunicado de prensa, Bachelet instó a los bolivianos a aprovechar la resolución pacifica alcanzada, por diferentes sectores, para que los comicios transcurran “respetando plenamente los derechos humanos”.
De acuerdo con la alta comisionada Bolivia necesita superar la “polarización que ha marcado al país durante tanto tiempo y avanzar hacia una sociedad basada en el diálogo, donde todos sean integrados y reconocidos”.
![La presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulga la Ley que fija el 18 de octubre de 2020 como fecha máxima para la realización de los comicios electorales en Bolivia. [Foto: Fabiola Chambi, VOA]](https://gdb.voanews.com/970080cd-735d-42db-9978-d2caa642c82a_w100_r1.jpg)
El acuerdo para que las elecciones, en el país suramericano, se lleven a cabo el próximo 18 de octubre de modo impostergable se dio después una sucesión de acuerdos entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Gobierno, la Iglesia y organismos internacionales. El Legislativo de Bolivia ratificó la ley para que daba carta blanca para
Informe
Las declaraciones de Bachelet se dieron junto a la presentación informe del informe en el que el organismo detalla las graves violaciones de los derechos que se produjeron en la crisis política que se produjo tras las elecciones de octubre de 2019.
El informe de la Oficina sobre los eventos de 2019 está basado "en más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades".
"Entre las violaciones de los derechos humanos documentadas se incluyen asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias" detalla el comunicado.
Entre los incidentes más graves se encuentran el asesinato de nueve personas durante las manifestaciones en Sacaba, Cochabamba, y de diez manifestantes en Senkata, en El Alto-La Paz, indica la Oficina.
“Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe", afirmó Bachelet.
El documento también detalla que, durante el período analizado, personal de derechos humanos de las Naciones Unidas observó a funcionarios públicos y particulares "haciendo uso de un lenguaje violento e incendiario, así como violencia verbal y física dirigida contra pueblos indígenas, lo que refleja un racismo profundamente arraigado".
Otro aspecto es cómo funcionarios o personas vinculadas al anterior Gobierno fueron objeto de supuesta persecución judicial, “lo que pone de relieve las deficiencias de larga data del sistema judicial boliviano, y de ahí la necesidad e importancia de garantizar el debido proceso".
