Migración Colombia señaló el viernes que un porcentaje muy bajo de venezolanos en el país son responsables de la criminalidad y los delitos que se comenten actualmente.
"La criminalidad en Colombia no surge con la migración venezolana. Los problemas de criminalidad que lamentablemente tenemos vienen muchísimo tiempo atrás", dijo el director de la autoridad migratoria, Juan Francisco Espinosa, a través de una rueda de prensa virtual.
Las declaraciones las hizo un día después de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió deportar ‘sin contemplación’ a venezolanos que cometan crímenes en Bogotá.
"Yo no quiero estigmatizar, ni más faltaba, a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a ganarse la vida decentemente, bienvenido, pero el que venga a delinquir debemos deportarlo sin contemplación”, manifestó la alcaldesa.
La opinión de la edil ha generado polémica en redes sociales y respuestas de funcionarios, como el embajador en Colombia del gobierno interino, Tomás Guanipa, quien escribió en Twitter que apoya el castigo a quien cometen delitos, "pero ponerle nacionalidad al crimen claramente genera xenofobia y odio". "Nuestra invitación alcaldesa @ClaudiaLopez es a crear estrategias juntos para encontrar soluciones", concluyó.
López también se refirió a la inseguridad de la ciudad, tras un acto de violencia que generó indignación el jueves en Bogotá, pues un ciudadano perdió la vida tras ser apuñalado en un bus de servicio público de Transmilenio. Aún se desconoce la identidad de los responsables.
Espinosa recalcó que "casi el 97% de los migrantes en Colombia tienen buen comportamiento. Los delitos violentos en Colombia son cometidos, casi en un 98% por colombianos".
En la ciudad como tal, dijo el funcionario, se han realizado 850 operativos y 42 en el sistema de transporte publico Transmilenio.
"De las 21.812 capturas en flagrancias que reporta La Fiscalía en Bogotá, 19.888 corresponden a ciudadanos colombianos y 1.914 a extranjeros, de los cuales 1.874 son ciudadanos venezolanos", aseguró el director.
En 2019, agregó, fueron capturadas 35.958 personas, de las cuales 4.953 eran ciudadanos extranjeros, lo cual equivale un poco más del 13,7%. En 2020, además, según la Fiscalía, han sido capturados 1874 venezolanos, lo cual representa una disminución el 62%, respecto al 2019.
"No encontramos que la criminalidad en Colombia pueda expresarse, a partir de la migración venezolana, lo cual no quiere decir que los migrantes estén exceptuados del cumplimiento de la ley", enfatizó Espinosa.
Seguridad en el país
El director de Migración Colombia manifestó que en en su país, de los casi 100.000 personas privadas de la libertad, reportados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, un poco más de 2.700 extranjeros aparecen reportados. De estos, 1.500 son venezolanos.
"Del universo de población privada de la libertad, aproximadamente el 2,7% corresponde a extranjeros y 1,5% corresponde a migrantes venezolanos", es decir, a un 0,08% del total de venezolanos radicados en el país.
En cuanto a las capturas, dijo Espinosa, en 2019, fueron capturados más de 11 .000 venezolanos, principalmente por hurto a establecimientos comerciales, a personas, y por tráfico y porte de estupefacientes. Según la policía nacional, añadió, el 96% de los hurtos en Colombia son cometido por colombianos.
Una investigación de las organizaciones estadounidenses Migration Policy Institute (MPI) y Brookings Institution, halló que la idea de que los venezolanos son culpables del incremento de la criminalidad en su países de acogida "es infundada” y que los migrantes venezolanos cometen crímenes ”en niveles sustancialmente menores” que su proporción con la población en Perú y Chile. En Colombia, los datos son más mixtos, pero los venezolanos también cometen crímenes en menor escala.
Venezolanos en Colombia
Juan Francisco Espinosa informó que, a fecha del 31 de agosto, hay 1.722.919 venezolanos radicados en Colombia. De ese total, más de 956.000 están en condición irregular y un poco más de 766 en condición regular. Es decir, desde marzo hasta agosto, la cifra de esta población ha caído al 1,1% mensualmente.
Hasta el momento, han salido un poco más de 115.000 venezolanos a su país, dijo la autoridad migratoria. Y, hasta el momento, las fronteras continuarán cerradas hasta el 31 de octubre.
"No veo posible... que, con Venezuela, sea posible una reapertura a partir del 1 de noviembre", manifestó, haciendo la salvedad de que la decisión final de será informada, después de un estudio epidemiológico con las autoridades, por el presidente Iván Duque.
A propósito del ingreso de los migrantes al país a través de las trochas, las autoridades locales y nacionales han reforzado su presencia en las fronteras lo que, según Espinosa, ha generado una disminución del paso de personas de 300 a alrededor de 100, en un día.
Y reiteró que, del total de migrantes que han salido, el 80% reingresará al país, y se tendrá un "crecimiento exponencial que irá más allá de los 200.000 ingresos".
Permisos y otros mecanismos
Lucas Gómez, gerente de Fronteras de la presidencia en Colombia, afirmó el jueves, durante el conversatorio virtual que, aunque no pueda decir que el PEP (Permiso Especial de Permanencia) "haya fracasado", las medidas de regularización con este mecanismo "no han dado los resultados esperados". "Tenemos más del 50% de la población migrante con estatus irregular”, agregó.
Al respecto, Espinosa le dijo a la Voz de América, que el PEP se inventó "como un mecanismo transitorio para ayudar a una situación que se considero iba a ser de corto aliento".
"Es decir, cómo auxiliar personas para ayudarlas en un tiempo en el cual, todo en el mundo, esperábamos que la democracia volviera a Venezuela. Lamentablemente eso no ha pasado", acotó.
En ese sentido, agregó que se está trabajando en mecanismos evolutivos "que construyan sobre todos esos esfuerzos del PEP, pero que ya vayamos hacia una situación superior". Es el caso del proceso de identificación biométrica, para generar "mayor seguridad para el migrante y, sobre todo, mayor facilidad para el vinculo de confianza entre el migrante, la sociedad civil y las diferentes autoridades".
