El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confía en que durante este período de sesiones, que concluye el 15 de diciembre, el Congreso apruebe una reforma a la ley de seguridad nacional que regula la actuación de integrantes de agencias de seguridad extranjeras, como la DEA.
La propuesta tiene lugar después de la molestia expresada por México por no haber sido informado en su momento por Estados Unidos de las investigaciones contra el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos.
“Nosotros queremos que las reglas estén claras, poner orden”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria.
Sin embargo, para el consultor en seguridad pública Eduardo Guerrero, la propuesta presidencial, que plantea la presentación de reportes informativos de parte de todos los funcionarios que se reúnan con agentes extranjeros, solo propiciará mayor burocracia, simulación e informes sin sustancia.
Según Guerrero, si bien puede verse como un gesto de autoridad, a la larga podría ser contraproducente, pues además los agentes estadounidenses, por ejemplo, no se arriesgarían a plasmar en un documento información sensible que incluso podría llegar a manos del crimen.
“Muy muy difícil poder regular estos intercambios de información que por definición estamos hablando justamente de información sensible y reservada, que además la revelación de esta información podría tener consecuencias nefastas para la propia seguridad”, señaló el consultor.
La razón, dijo, es que el gobierno “está muy infiltrado (...) de grupos ligados con el crimen y que puede esto también tener un efecto boomerang y privarle al estado mexicano de mucha información que los americanos están recolectando a través de sus fuentes secretas”.
López Obrador y sus aliados tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero la agencia Reuters informó que una fuente en el Senado veía difícil que las modificaciones puedan aprobarse antes que finalice el año.
