A diez años de la primera gran masacre de migrantes en México —el asesinato de 72 personas en San Fernando, en el noreste del país— este crimen sigue impune y tanto las familias de las víctimas como la oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos han pedido más esfuerzos a las autoridades para poder hacer justicia, esclarecer la verdad e identificar correctamente a las víctimas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que el gobierno aceptará que la ONU intervenga en las investigaciones sobre desapariciones forzadas o violaciones a los derechos humanos como la de San Fernando, algo que hasta ahora no podía hacer.
“Fue una masacre”, reconoció López Obrador. “Tenemos que seguir con la investigación, ahora no se protege a nadie, no hay impunidad”.
El 24 de agosto de 2010 la Marina mexicana informó del hallazgo de 72 cadáveres en un rancho de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas. En la matanza, que conmocionó a México, no sólo participaron miembros del cártel de Los Zetas, también hay policías bajo investigación. No hay ningún sentenciado.
Los representantes de las víctimas han denunciado desde hace años numerosas irregularidades y negligencias tanto en las indagaciones como en la identificación de los cuerpos, la mayoría de migrantes centroamericanos.
Por eso el lunes, algunos de los familiares participaron en una audiencia virtual con autoridades mexicanas a quienes exigieron que permitan exhumar aquellos cuerpos cuyas identificaciones, una década después de los hechos, generan muchas dudas, indicó en su cuenta oficial de Twitter la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la ONG que les representa.
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, se comprometió a colaborar para que se haga una identificación correcta de los cuerpos que se entregaron a las familias, indicó su departamento en un comunicado.
Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a todos los países implicados que redoblen esfuerzos para llegar a la verdad e instó a a las autoridades a poner en marcha canales de coordinación transnacionales “para la búsqueda de migrantes desaparecidos y para facilitar la identificación de restos y la entrega digna a las familias”.
Por su parte, el colectivo de derechos humanos estadounidense WOLA denunció que el que no haya condenados por la masacre demuestra que la falta de justicia en crímenes contra migrantes, en los que muchas veces hay funcionarios implicados, es generalizada.
Documentos oficiales mexicanos describen cómo una decena de personas en vehículos marcados con una “Z” interceptaron en agosto de 2010 en el noreste del país a dos camiones cargados de migrantes a quienes les preguntaron si querían “trabajar para la guerra”. En aquellos momentos el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) había declarado la guerra a los carteles y éstos también luchaban entre sí. Solo uno aceptó. A todos los demás les vendaron los ojos, les ataron las manos y tumbados en el suelo los ejecutaron. Un ecuatoriano que sobrevivió logró huir del lugar y alertó a la Marina.
Andrés Manuel López Obrador sostuvo el lunes que ya no ocurren en México masacres como esa gracias a las medidas de contención migratoria que su gobierno ha puesto en marcha. Sin embargo, esa política de mano dura contra los migrantes ha sido denunciada por las organizaciones civiles.
El mandatario aprovechó el aniversario de la masacre para anunciar que el gobierno iba a mandar al Senado de forma inmediata un documento para que “en temas de desaparición forzada, en todo lo que es violación de derechos humanos, pueda intervenir sin ninguna limitación la ONU” y aunque no dio más detalles podría tratarse de la autorización de México para que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU visite el país, una larga exigencia de distintas ONGs que podría ayudar a esclarecer desapariciones y crímenes contra migrantes como el de los 72.
La fiscalía mexicana firmó en agosto de 2013 un convenio con varias organizaciones civiles para identificar y buscar la causa de la muerte de 314 presuntos migrantes (entre ellos los 72 y otros de crímenes posteriores) pero todavía quedan identificaciones pendientes.
El drama de los migrantes desaparecidos fue abordado el domingo por el papa Francisco, quien se solidarizó con las familias de los 72 masacrados en San Fernando hace una década. “El Señor pedirá cuentas por todos los migrantes caídos en los viajes de la esperanza, han sido víctimas de la cultura del descarte”, dijo.
