La estrategia de Estados Unidos en su lucha contra las drogas en Latinoamérica debe cambiar por un enfoque “más inteligente” que ayude a los países de la región a atacar las raíces del problema y a enfrentarse a las organizaciones criminales, concluyó un informe publicado el martes por una comisión bipartidista del Congreso estadounidense.
El reporte de más de 100 páginas, encargado por la Comisión sobre Políticas de Drogas para el Hemisferio Occidental, presidida por el representante Eliot Engel y el senador James Risch, señaló a Venezuela como “el ejemplo más extremo” de los devastadores efectos que el crimen organizado, financiado por el narcotráfico, han tenido en la región.
“Venezuela [es], una democracia que ha recaído en una dictadura, desafiando las sanciones financieras con la ayuda no solo de otros países no amistosos —como Cuba, Rusia e Irán—pero también de organizaciones de crimen transnacional, incluyendo drogas ilegales y contrabandistas de oro”, describió el informe, que será presentado de manera oficial el martes ante el Congreso.
Un año y medio de investigación llevó a los autores de reporte a concluir que, aunque se han logrado resultados positivos con la política exterior, como proveer sustento a regiones cocaleras de Colombia o las reformas judiciales en México, las políticas han causado un “daño considerable” en algunos casos.
“La erradicación de coca ha hecho que los cultivos ilícitos se desplacen a regiones marginales, amenazando a las comunidades vulnerables. Los ataques a los capos ha fracturado los carteles (…) aumentando la violencia entre pandillas”, aseguró el informe.
El informe cita al llamado Plan Colombia, una iniciativa firmada con EE. UU. en el 2000, como un ejemplo de fracaso de la política exterior. “El país es el mayor productor de cocaína del mundo, a pesar de décadas de esfuerzos respaldados por EE. UU. para erradicar cultivos e interceptar cargamentos”, acota el reporte.
El documento recomienda crear una serie de políticas interinstitucionales, lideradas por el Departamento de Estado, con “rigor científico”. Los expertos proponen elaborar políticas rentables, que permitan rebajar el influjo de drogas hacia el país a la vez que “abordar las debilidades institucionales en los países productores y de tránsito de drogas” que alimentan a las organizaciones criminales transnacionales.
Los autores piden que se haga más énfasis en atacar el lavado de dinero. En concreto, proponen que se desarrollen nuevas herramientas para detectar transferencia de fondos ilícitos a través de nuevas tecnologías, como las criptomonedas o transacciones transfronterizas.
El informe también urge al gobierno a eliminar el proceso de certificación a países en la lucha contra las drogas, asegurando que “ofende” a los aliados del país y no hace mucho por “disuadir prácticas corruptas” en países no amigables.
Venezuela, el ejemplo más extremo
El informe cita a Venezuela como el país de la región que más se ha visto afectado por el crimen organizado. Aunque los autores señalan el papel de la nación como lugar de tránsito de drogas ilícitas, aseguran que la situación no será solventada hasta que no exista una transición a un gobierno democrático y estable.
“EE. UU. y sus aliados no pueden controlar el flujo de drogas ilícitas desde Sudamérica hasta detener la crisis económica y política de Venezuela” y que se llegue a una transición ordenada de poder, expuso el informe. Los autores señalan al aumento del tráfico de drogas y otras actividades ilegales como fuentes de recursos esenciales para el “régimen autoritario” del país.
La cantidad de cocaína que se mueve a través del país suramericano ha aumentado considerablemente en los últimos años. Según el informe, en el 2017 se transportaron 185 toneladas métricas de la droga, en comparación con 38 en el 2011.
El transporte, principalmente en lanchas rápidas y buques pesqueros, pasa por República Dominicana, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses como principales puertos, detalló el reporte.
La presencia de grupos armados, como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes colaboran con elementos venezolanos, refuerza el crimen organizado y facilita el tráfico de drogas y oro en el país.
El fracaso del Plan Colombia
El gobierno de EE.UU. destinó más de 10.000 millones de dólares al Plan Colombia, firmado durante el gobierno de Bill Clinton y del presidente colombiano Andrés Pastrana. El informe asegura que, aunque la cooperación fue efectiva en la lucha contra los grupos armados, “fue un fracaso en la lucha contra las drogas”.
En el 2019, la cantidad de coca cultivada en Colombia alcanzó un récord de 212.000 hectáreas, a pesar de que el gobierno del actual presidente Iván Duque aumentó las operaciones de erradicación. Además, la violencia no ha dado tregua: en el 2020 se registró el mayor número de masacres desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC en el 2016, con 270 asesinatos.
El informe sentencia que la erradicación de la coca “no es suficiente”, para lograr la paz en el país, sin “encarar la falta de seguridad y el subdesarrollo en varias regiones de Colombia.
