Tras veinte días enfrentando las protestas que han sacudido a Colombia, el gobierno del presidente Iván Duque anunció el lunes que una comisión se adentrará en evaluar las garantías para quienes se manifiesten públicamente en el país.
El anuncio lo hizo el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien dijo que Duque ha ordenado convocar a la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas, tras reclamos emitidos el domingo por el Comité Nacional de Paro (CNP).
Entre las funciones de la plataforma, dijo, se encuentra la de “proponer mecanismos de diálogo y mediaciones entre las autoridades de policía y la ciudadanía en el marco del ejercicio del derecho a la manifestación”.
La mesa estará integrada por os ministros de Interior y Defensa, el director general de la Policía Nacional o su delegado, así como directivos de derechos humanos e integrantes que sean nombrados por el CNP.
Las protestas estallaron en Colombia el 28 de abril ante el anuncio de un paquete fiscal que los ciudadanos encontraron abusivo. El entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señalado como el artífice de la reforma, renunció tras los primeros brotes sociales.
Más temprano el lunes Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocero del Comité, manifestó en la W Radio que no habría negociación si persiste “la violencia que se está viviendo porque hay una violación de derecho internacional humanitario. Esta masacre que hay tiene que parar”, dijo en referencia a los fallecidos en las protestas.
Sin embargo, explicó: “Es nuestra intención llegar lo más pronto posible a un acuerdo con el Gobierno. Si Duque hubiera atendido el pliego de peticiones hace un año, esto no estuviera pasando”.
El presidente Duque insistió en un mensaje por medio de un tuit que los actos violentos y los bloqueos de vías de acceso deben de parar.
Diversas vías de acceso entre las ciudades han sido bloqueadas por grupos de manifestantes y locales públicos y privados han sufrido daños importantes.
Organizaciones internacionales como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han rechazado la violencia con la que las fuerzas del orden han enfrentado las protestas.
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