El exjuez chileno Juan Guzmán Tapia, primer magistrado que procesó a Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad en su dictadura (1973-1990), murió el viernes a los 81 años, según confirmó su familia a medios locales.
Guzmán logró reconocimiento internacional tras ser nombrado en 1998 como juez de varias querellas contra Pinochet por homicidio en la masacre denominada "operación Caravana de la Muerte", una comitiva militar que recorrió Chile en octubre de 1973 y fusiló a decenas de prisioneros.
Medios locales y extranjeros narraron que un sentido homenaje recorrió las redes sociales de Chile para decir adiós a Guzmán Tapia.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos lamentó su muerte: “Fue un gran defensor de los derechos humanos, que luchó incansablemente por hacer justicia tras la dictadura”, señaló en su cuenta de Twitter.
Abogado y ya retirado, tuvo una extensa carrera en el poder judicial en la Corte de Apelaciones de Santiago y Talca, 270 kilómetros al sur de la capital.
“La muerte del juez Guzmán es una gran pena para el mundo de la defensa de DDHH en Chile", dijo a la AP Mónica Salinero, Coordinadora del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos.
El juicio de la Caravana de la Muerte en 1998 supuso la famosa detención de Pinochet en una clínica de Londres. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo. En el año 2000, el juez Guzmán logró el desafuero del dictador, aunque después abdujo demencia senil y fue sobreseído de los cargos en 2002.
Guzmán volvió a procesarlo en 2005 por el caso Operación Colombo. Se trató de un montaje periodístico realizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en 1974 y 1975 para ocultar el asesinato y desaparición de 119 opositores políticos con artículos publicados en varios diarios de la región, como Argentina y Brasil.
Su labor es vista como un referente.
“La muerte del juez Guzmán es una gran pena para el mundo de la defensa de DDHH en Chile. Él ha sido un gran referente por su valentía, por haber juzgado en dos ocasiones al exdictador Pinochet... Por lograr su desafuero en un contexto institucional en el que la transición pactada hacia la democracia chilena impedía investigar y generar una justicia real”, dijo a la AP Mónica Salinero, Coordinadora del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos.
“Tuvo una postura muy coherente, demostrando que Augusto Pinochet estuvo lúcido hasta el final. El luchó siempre mientras fue juez para que se le juzgaran por sus crímenes independiente de que en Chile existieran o no los crímenes de lesa humanidad tipificados en esa época”, afirmó. “Siempre fue más allá, con independencia de instancias superiores del poder judicial chileno que impidieron llegar al final de estos juicios, y aunque finalmente no tuvieran el castigo que requieren crímenes de esa magnitud”.