El exdirector de la petrolera estatal mexicana, Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos millonarios, llegó a México extraditado de España a primera hora de la madrugada del viernes y fue trasladado directamente a un hospital “en calidad de detenido y bajo estricta vigilancia policiaca” ya que se le detectaron problemas de salud, informó la fiscalía federal.
Lozoya aterrizó a las 00:46 horas en un avión fletado por el gobierno mexicano y después de leerle sus derechos y cargos fue trasladado a un hospital, en vista de que los peritos de la fiscalía le encontraron “una anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud”, afirmó este departamento en un comunicado.
"En razón de lo anterior, el MPF (Ministerio Público Federal) ordenó su traslado a un hospital, donde permanecerá en calidad de detenido bajo estricta vigilancia policíaca", detalló la Fiscalía en el texto.
Un médico particular solicitado por la familia del detenido lo revisó también y confirmó estos síntomas, agregó la nota.
El exfuncionario de 45 años está acusado por la Fiscalía General de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue arrestado en febrero en la localidad española de Málaga.
La extradición de Lozoya ha generado gran expectación porque podría suponer el principio del esclarecimiento de las redes de corrupción que imperaron durante el gobierno pasado (2012-2018), encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, de quien Lozoya era un colaborador cercano.
Apenas aterrizó en México, las autoridades le informaron de sus derechos y que se le estaban ejecutando las órdenes de aprehensión por los casos Agronitrogenados —la adquisición por parte de Petróleos Mexicanos de una planta de fertilizantes a un precio inflado— y por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
España dio el visto bueno a la extradición del empresario y antiguo colaborador de Peña Nieto por acusaciones de lavado de dinero, cohecho y asociación ilícita.
La llegada de Lozoya ha generado tal interés que el Consejo Federal de la Judicatura anunció que informará de la audiencia pública a través de Whatsapp aunque se desconoce cuándo se llevará a cabo.
El jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la llegada de “interesante, importante” porque al aceptar de manera voluntaria la extradición, “hay un compromiso” de que va a informar sobre lo que sucedió acerca de los presuntos fraudes por los que se le acusa.
López Obrador también dijo que las "diligencias judiciales" iniciarían al mediodía del viernes. Una fuente del Gobierno precisó a Reuters que la audiencia inicial, donde un juez procedería con la imputación de alguno de los delitos que se le acusan, no sería celebrada el viernes.
La policía española arrestó a Emilio Lozoya en la ciudad de Málaga en febrero, en virtud de una orden internacional que le buscaba por sobornos de la constructora brasileña y por la compra a precio inflado de la planta de fertilizantes por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Lozoya es señalado de haber recibido sobornos de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) para que Pemex concretara la compra irregular de plantas de fertilizantes calificadas como "chatarra". Además, habría recibido millones de dólares de la brasileña Odebrecht para la campaña que llevó a Peña a la presidencia del país en 2012.
Sus abogados han dicho que actuó bajo las órdenes de Peña.
A fines de 2016, Odebrecht dijo que pagó 10,5 millones de dólares a los funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014.
Lozoya dirigió Pemex de 2012 a 2016, mientras gobernó Peña Nieto. Previamente trabajó en la campaña electoral de Peña, con lo que también existen investigaciones en marcha por si pudo desviar dinero de los sobornos a la campaña.
Antes de que los fiscales presenten la acusación formal, Lozoya buscaría un acuerdo con las autoridades a cambio de beneficios en su proceso, según han reportado medios locales.
El exdirector general de Pemex presentaría videos de políticos recibiendo sobornos para apoyar una reforma energética impulsada por Peña, que permitió la participación de empresas privadas en el multimillonario negocio petrolero.
