El alcalde de Quito, Jorge Yunda, está en la cuerda floja. La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva en la investigación por peculado que se sigue en su contra.
¿De qué lo acusan? Le achacan el uso de más de cuatro millones doscientos mil dólares en la compra de 100.000 pruebas PCR para detectar el COVID-19, que no cumplen con las especificaciones y dieron falsos negativos.
El colectivo Quito Unido también pide su salida por hechos de corrupción ocurridos en la municipalidad que involucran a su hijo en la compra de cámaras de reconocimiento facial, violando el derecho a la privacidad de los ciudadanos y que está fuera de su competencia. Así lo señala Juan Zapata, Director del ECU 911 (Servicio Integrado de Seguridad).
“Eso es un proceso muy sensible que se lo tiene que trabajar con policía nacional y con administración de justicia”, dijo Zapata.
El Frente Cívico del Distrito Metropolitano de Quito también ha presentado otro pedido de remoción por actos de corrupción. Víctor Quishpe, representante de este organismo ha dado un ultimátum al alcalde. “Quito este momento ya no quiere mas actos de corrupción, sino renuncia, el mismo pueblo, lo sacaremos”.
El vicealcalde, Santiago Guarderas, señala que ha pedido a la Contraloría y a la Fiscalía que investigue los otros casos. “Esas irregularidades podrían llevar al cometimiento o al presunto cometimiento de un delito”, sostiene.
A la espera de los resultados de estos pedidos, el alcalde Yunda se ha dedicado a recorrer los barrios de la capital para inaugurar obras.
Un grupo que se describe en Twitter como "Panas de Jorge Yunda" defiende su desempeño en la alcaldía de Quito: "Usted es un hombre de pueblo, lo ha demostrado con sus obras.
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