“Los representantes de las entidades operadas por el gobierno de la República de Cuba deben estar incluidos en el Grupo de Trabajo de Remesas a Cuba (CRWG, por sus siglas en inglés)”, indicó hoy el Consejo Económico y de Comercio de EE.UU. y Cuba, una organización que se dedica al análisis de la relación entre ambos países.
Tras las protestas masivas del pasado 11 de julio, ha aumentado la presión sobre la Casa Blanca para que reautorice el envío de remesas a la Isla, algo a lo que el presidente ha contestado con la formación de una comisión para estudiar el asunto, la CRWG. Sin embargo, la Administración también ha expresado su deseo de conocer la opinión de otras partes implicadas en el proceso, como empresas y los propios migrantes. Es en ese contexto donde se enmarca la propuesta del Consejo Económico y de Comercio de EE.UU. y Cuba.
Incluir a entidades del gobierno cubano
Este lunes, un comunicado a nombre de las 17 empresas que forman parte de la comisión sobre remesas del Consejo Económico y de Comercio de EE.UU. y Cuba, declaró que su enfoque está centrado en determinar “¿cómo mover las remesas y cómo usarlas?”
Para los empresarios que forman parte de esta iniciativa, la orientación del Departamento de Estado debiera centrarse hacia las cuestiones operativas, y entre ellas, al menos ofrecer visas a funcionarios cubanos responsabilizados con los trámites financieros, y, en su defecto, acordar encuentros por medio de internet con los mismos.
“La Administración Biden-Harris se equivocará si la composición del CRWG se centra en personas de ascendencia cubana, académicos y personas de ideas afines, y sirve prácticamente únicamente para reforzar las opiniones de quienes están dentro y apoyan a la Administración. No tiene sentido que el CRWG sea un foro para quejas, discursos académicos y lamentos sobre lo que debería ser en lugar de lo que es factible”, refiere el comunicado.
Una de las recomendaciones principales se basa en “el beneficio a cuentapropistas [trabajadores autónomos], cooperativas no controladas por el gobierno y pequeñas y medianas empresas independientes que están resurgiendo” en estos momentos.
También, precisan que es imperativo fijar una fecha límite para todas las recomendaciones propuestas, a fin de informar de sus conclusiones a entidades como los departamentos de Estado, Tesoro, Justicia, Defensa, Seguridad Nacional, entre otros.
Las recomendaciones están firmadas, entre otros por Amazon, Inc, con sede en Seattle, Washington; Banco Popular, con sede en San Juan, Puerto Rico; Bank of America, con sede en Charlotte, Carolina del Norte; Citibank con sede en Nueva York, Nueva York; Publix Super Markets con sede en Florida y Va-Cuba, Inc, con sede en Miami, Florida.
Hasta la fecha, organizaciones internacionales y dentro de la Isla han cifrado en varios centenares los detenidos después de las protestas, mientras varias decenas de ellos han sido juzgados a condenas de entre 6 meses y 1 año de cárcel por los supuestos delitos de desorden público y atentado, principalmente.
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