El gobierno colombiano ha expedido diferentes decretos y destinado recursos para atender la emergencia social, económica y de salud que vive el país recientemente. No obstante, el aumento del desempleo, que ya casi llega a un 20 por ciento y la condición de aquellos que no cuentan con recursos para subsistir o que perdieron sus trabajos, ha impulsado al surgimiento de propuestas como la renta básica de emergencia.
La iniciativa, impulsada por 54 senadores, consiste en otorgar un salario mínimo de 887.000 pesos (aproximadamente 247 dólares) durante 90 días para 9 millones de hogares, beneficiando a 30 millones de colombianos.
Para el senador Iván Marulanda, uno de los ponentes de la iniciativa, la reacción del gobierno ante el confinamiento “fue muy precaria” porque “ordenó que se encerrara en la casa, toda la población, pero no les dijo a los colombianos cómo iban a sobrevivir en el confinamiento”. A raíz de ello, los legisladores presentaron la iniciativa al gobierno, pero no fue aceptada, razón que los llevó a impulsar un proyecto de ley, que será discutido en el Senado.
Alberto Orgullo, director general de la Escuela Nacional Sindical ENS, organización que apoya la iniciativa, explicó a la Voz de América que es una manera de que el Estado otorgue un “ingreso vital” a personas que no pueden ejercer su trabajo, especialmente los trabajadores informales, los autónomos, las empleadas domésticas, las personas que trabajan en casa y no son remuneradas, los jornaleros y adultos mayores para que puedan cubrir gatos esenciales de alimentación, salud, servicios público y para que “no caigan en un estado de mayor empobrecimiento”.
Así mismo, agrega, se trata de una propuesta que servirá para mejorar la distribución de ingreso “porque somos un país altamente desigual”.
¿Cómo se financiaría la iniciativa?
Según una carta presentada la semana pasada por los senadores al presidente Iván Duque, los recursos para financiar el programa ya existen. Se estima que su costo son 23,7 billones de pesos (aproximadamente 6.300 millones de dólares), que representa 2,3 % del PIB nacional. El texto explica que cerca de 3 billones de pesos (casi 800 millones de dólares) es el costo actual de programas que tiene el estado para beneficiar a los más vulnerables (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Devolución del IVA e Ingreso Solidario) por tres meses.
El resto provendría de “recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, créditos internacionales, posibles créditos directos del Banco de la República al gobierno, los recursos ahorrados de reducciones en los gastos de funcionamiento que no sean indispensables y los recursos provenientes de la reasignación de gastos del presupuesto nacional en proyectos de inversión que sean postergables o que ya hayan sido cancelados como consecuencia de la emergencia”.
El senador Marulanda explicó a VOA Noticias que los programas asistenciales cuestan casi 4 billones (un poco más de mil millones de dólares) y solo benefician a dos millones y medio de familias. Los 20 billones (5.300 millones de dólares) restantes, agrega, es el 2 por ciento del PIB colombiano, el cual se puede financiar “reduciendo el gasto público y redireccionando el gasto hacia a este programa. Postergando proyectos que no son urgentes del gobierno y refinanciando el servicio de la deuda”.
“El presupuesto nacional tiene una suma de 54 billones de pesos (más de 14 mil millones de dólares) para pagar la deuda del estado. Estamos diciendo es que utilicen la mitad de esa cifra para este programa y para reemplazar esa cifra consiga créditos nuevos, frescos, para pagar el servicio de la deuda. Es decir, se refinancia la deuda en la mitad”.
Según Marulanda, el gobierno solo ha invertido el 2,9% del PIB en la atención a la emergencia, “la cifra más baja en los países de la región”.
El ministro Carrasquilla ha señalado que en abril se ejecutó el 27% del presupuesto, a raíz de la emergencias, e informó que el presupuesto para este año paso de 271 billones a 300 billones de pesos (más de 72 mil a casi 80 mil millones de dólares aproximadamente).
Aunque uno de los senadores líderes de la iniciativa confiesa que no saben si es este rubro por tres meses es suficiente, por lo pronto representa un alivio.
El director de la ENS dice que lo ideal serían seis meses “con el propósito adicional de que se ayude a reactivar la economía. Porque en la medida que la población tenga ingresos, activa la demanda, activa el consumo y esto va a permitir que las empresas puedan volver a desarrollar su ciclo productivo y por esa vía se puede restablecer el circuito económico y los empleos”.
Para Orgulloso, si no se sigue una “estrategia de inyección de ingresos a la población”, la recesión de la economía será mayor y prolongada, “y no solo va a ser de seis meses o un año, sino que se puede alargar a dos años”.
¿Qué dice el gobierno?
Recientemente, el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que Colombia debería tener en cuenta la medida, pero no en la coyuntura, sino que se debe discutir su estructura para implementarla.
“No me parece que se trate de una medida coyuntural sino más estructural, donde se reemplazarían nuestra actual política de gasto focalizado, tal vez muy restringido en términos de esa focalización, por un enfoque más universal donde tendríamos unas destinaciones y tendríamos que tener una enorme capacidad de procesar y generar datos”, dijo el funcionario ante la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes.
Incluso, señaló que es una discusión importante para el país, pero “como futuro de nuestra política social. A mí personalmente me parece un avance. Se me hace que en ese contexto donde el país ha hecho gigantescos avances que han logrado bajar la pobreza, un siguiente paso es una renta básica”.
No obstante, el senador Marulanda le dijo a la VOA que el ministro se refirió a una medida futura y no focalizada en la situación actual.
“Eso es otra cosa muy distinta. Esto es un salvavidas, una renta de emergencia para que la población no sufra hambre en las actuales condiciones de indefensión porque no tiene ingresos”, explicó el senador.
Frente lo que dijo el jefe de la cartera, el viceministro Juan Alberto Londoño aclaró posteriormente que lo señalado por Carrasquilla “es que hay que analizar cómo focalizar todos los nuestros subsidios y darlos todos en un programa, pero no estamos pensando apoyar esa propuesta. Los recursos no nos alcanzarían para darles un subsidio a nueve millones de hogares”.
Londoño, además, explicó que en Colombia prácticamente ya se tiene una renta mínima y que el gobierno está llegando a casi 7 millones de hogares, a través de los programas de subsidio, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor e Ingreso Solidario, programa que se creó en abril a raíz de la emergencia.
En la región
El 12 de mayo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hizo un llamado a los gobiernos de la región para crear un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas), durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional).
Esto implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año, señaló la comisión.
“Es lo que recomendamos a los países que hagan en este momento: los Gobiernos deben garantizar transferencias monetarias temporales para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Es la salida, al menos mientras no haya actividad económica”, señaló la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, en una teleconferencia desde Santiago de Chile.
