Un juez federal de Miami confirmó que el expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y uno de sus ministros deberán pagar una indemnización de 10 millones de dólares por una serie de matanzas extrajudiciales que realizaron militares de su país durante protestas callejeras en 2003.
El magistrado James Cohn desechó así el intento de Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa José Carlos Sánchez Berzaín de anular el pago a familias de personas indígenas que murieron en las masacres y los demandaron en Estados Unidos bajo la ley de protección a las víctimas de la tortura, que autoriza a ventilar demandas por matanzas extrajudiciales ocurridas en otros países.
El juez Cohn rechazó también un pedido de los exfuncionarios para que se realice un nuevo juicio.
"La moción de los acusados es denegada", falló Cohn el lunes en un documento de 22 páginas en el que rechaza la solicitud de los demandados y confirma la sentencia que había sido apelada por Sánchez de Lozada y su exministro.
El fallo, sin embargo, no es definitivo y los exfuncionarios adelantaron que lo apelarán. El proceso lleva años y podría prolongarse y llegar incluso hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
"Estamos en desacuerdo con la orden", expresó el abogado Stephen Raber, que representa al expresidente y su ministro. "Confiamos en el proceso y creemos que este fallo será revocado cuando los hechos sean cuidadosamente examinados bajo los estándares legales apropiados", dijo en una declaración escrita enviada a The Associated Press.
Tras un juicio de tres semanas en 2018 en el que se presentaron cerca de 40 testigos, un jurado declaró culpables a los dos exfuncionarios bolivianos y determinó la indemnización por daños y perjuicios en favor de los demandantes.
Un mes después, sin embargo, el tribunal de primera instancia anuló el veredicto del jurado y falló que al no existir suficientes pruebas, los acusados no eran responsables.
Pero esa sentencia fue apelada y una corte de mayor jerarquía determinó que el caso debía volver al tribunal para proseguir con el proceso. Esa decisión fue apelada también, esta vez por los exfuncionarios, y ahora el juez Cohen desestimó esa apelación y confirmó la sentencia del jurado.
Los abogados de las familias indígenas confían en que incluso si el caso llega hasta los tribunales más altos, el resultado será favorable.
"La decisión de hoy envía un mensaje importante: que los gobernantes que comentan abusos de derechos humanos tendrán que rendir cuentas", expresó Thomas Becker, un abogado de la Red Universitaria para los Derechos Humanos, que representó a los familiares indígenas. "Esta es una victoria no sólo para los familiares, sino para todos los sobrevivientes de derechos humanos".
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín viven en Estados Unidos desde que salieron de Bolivia tras las protestas, en 2003.
La demanda fue presentada en 2007 por las familias de ocho bolivianos que murieron en las protestas, bajo alegaciones de que ambos funcionarios planearon y ordenaron la matanza de miles de civiles para poner fin a la oposición a sus políticas.
Durante el proceso judicial, la defensa alegó que el gobierno respondía a una crisis, y que los civiles murieron por el fuego cruzado entre las fuerzas militares y los manifestantes, y no debido a una matanza intencional.
Las protestas callejeras fueron durante la llamada "guerra del gas", en la que murieron 64 personas y más de 400 resultaron lesionadas.
La mayoría de las muertes ocurrieron en la ciudad de El Alto, epicentro de las protestas y ciudad vecina de La Paz, cuyos habitantes son migrantes aymaras o descendientes de ellos.
Las protestas marcaron el inicio de una nueva etapa en Bolivia, con el derrumbe de los partidos tradicionales y el ascenso de nuevos líderes entre ellos Evo Morales, que por entonces era líder del poderoso sindicato cocalero. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron a Estados unidos.
Sánchez de Lozada fue presidente de Bolivia de agosto de 1993 a agosto de 1997; y nuevamente de agosto de 2002 a octubre de 2003. Sánchez Berzaín fue su ministro de Defensa durante el segundo gobierno.
Por su papel en las ejecuciones de 2003, en 2011 fueron condenados en Bolivia cinco comandantes militares que dependían de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. El expresidente y su exministro fueron imputados, pero no pudieron ser juzgados en ausencia.
