La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el miércoles su preocupación sobre las condiciones que presentan los inmigrantes que llegan a la frontera norte de México buscando asilo o con la intención de ingresar a Estados Unidos.
La comisión despachó un informe sobre su visita virtual a México que comprende los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 para conocer las condiciones en que son recibidas y viven “las personas en situación de movilidad humana”.
Tras entrevistas con las autoridades y miembros de grupos de la sociedad civil, la entidad de derechos humanos adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), hace un llamado a los gobiernos estatales “la incorporación de un enfoque de derechos humanos en las medidas adoptadas para proporcionar trato digno y humanitario a las personas que ingresan al país”.
Estados Unidos ha informado que al menos en el mes de marzo se sucedieron los más altos volúmenes de detención de inmigrantes en su frontera sur desde los últimos veinte años.
La CIDH, citando a organizaciones locales ha observado que con el aumento del flujo inmigratorio, han visto crecer las detenciones generalizadas, inseguridad y xenofobia. “La CIDH recibió información sobre la situación de xenofobia y racismo por parte de la población en general, principalmente en contra de las personas afrodescendientes”.
En un acápite titulado “Enfoque diferenciado e interseccional respecto de grupos en situación especial de riesgo”, la CIDH observa que aunque en el país existe una política social a tal efecto, ésta carece de un tratamiento “intersectorial”, en el sentido en que no hay “una atención integral y especializada para mujeres y otros grupos en situación especial de riesgo”, como son “las personas LGBTI, víctimas de delito, víctimas de trata, solicitantes de asilo, personas con discapacidad y necesidades médicas específicas, y personas que no hablan español”.
Entre las recomendaciones al Gobierno de México la CIDH ha expuesto la necesidad de “permitir el ingreso al territorio del Estado de personas en situación de movilidad con el fin de garantizar el acceso a procedimientos de asilo, apatridia, protección complementaria o regularización migratoria, asegurando el debido proceso en el trámite y resolución de los mismos”.
También ha precisado –entre una veintena de otras recomendaciones- que las autoridades deben “Asegurar que las funciones relacionadas con el control migratorio sean realizadas únicamente por fuerzas y cuerpos de seguridad civiles”.
