Chile, país al que llegan inmigrantes de naciones en crisis como Cuba y Venezuela, promulgó el domingo una nueva ley de migraciones que facilitará las expulsiones administrativas de inmigrantes.
Con la anterior ley un extranjero podía llegar a Chile con trámite de turista y luego cambiar su situación a trabajador en el país, esto no se podrá hacer con la nueva normativa.
“El principal objetivo de esta nueva Ley de Migraciones es poner orden en nuestra casa a través de una política de migraciones ordenada, segura y regular, que permita la migración legal y combata la inmigración ilegal”, aseguró el presidente Sebastián Piñera durante la promulgación. La nueva norma reemplaza a una existente desde 1975.
La presente ley “permite que los extranjeros que quieran venir a Chile lo hagan diciendo la verdad respecto de sus intenciones, evitando engaños y abusos”. Por ello, deberán solicitar la visa antes de llegar al país, señaló Piñera.
Además el nuevo reglamento “facilita las expulsiones administrativas de los migrantes que ingresan a Chile en forma ilegal, por pasos clandestinos, sin cumplir nuestras leyes ni tampoco validar sus antecedentes penales”, expresó Piñera.
Recordó también que unas cinco personas han perdido la vida en lo que va de año en cruces ilegales por la frontera en el norte.
“No queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico y trata de personas o aquellos que no respetan nuestras leyes”, agregó.
La nueva ley corrió por un proceso de ocho años y fue llevada al Tribunal Constitucional que eliminó seis artículos, entre ellos uno que instaba a facilitar el retorno asistido de los niños y niñas que ingresen solos al país, lo que fue declarado inconstitucional.
Amnistía Internacional denunció esta semana que el nuevo proyecto “podría reducir las oportunidades de las personas migrantes de regularizar su condición jurídica una vez que se encontraran en Chile y que socavaba el principio de no devolución”. Aludió así a los 100 migrantes expulsados en febrero de manera irregular, en su mayoría venezolanos y colombianos, cuando aún se tramitaban resoluciones judiciales.
La Coordinadora Nacional de Migrantes rechazó la normativa: “Va a generar un daño profundo no sólo para quienes hoy día están sujetas a una migración forzada en la región, sino para toda la población migrante que ya reside en el país”, expuso la presidenta Vanessa González.
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