Autoridades de algunas regiones de Bolivia rechazaron el anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda para 2024, cuando se esperaba que tuviera lugar el año próximo.
Según el presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, José Carlos Gutiérrez, el aplazamiento del Censo significaría un “incumplimiento de deberes”.
“Están postergando al país y por supuesto están generando un incumplimiento de deberes. Bolivia estaría a la deriva y sin planificación”.
El aplazamiento del censo afectaría la redistribución de recursos económicos y de escaños legislativos, y además tiene valoraciones políticas, aseguraron autoridades de la oposición.
El director del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia, justificó su decisión por falta de condiciones logísticas, financieras y técnicas, pero también responsabilizó por esta demora a la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez, quien actualmente permanece en la cárcel.
“Un proyecto censal es un proyecto extremadamente complejo. Entonces estamos hablando de manera optimista, si se cumplen todos estos requisitos, que mínimamente el censo se llevaría adelante el 2024”, explicó.
Ante la polémica, el gobierno del presidente Luis Arce aclaró, a través de un comunicado del Ministerio de Planificación, que aún no se ha definido una fecha para la celebración del censo y que el aplazamiento solo fue una “sugerencia” del director del Instituto Nacional de Estadística.
La población de Bolivia se estaría aproximando este año a los 12 millones de habitantes. De éstos, 8 millones están concentrados en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, según cálculos del Instituto Nacional de Estadística.
La asignación de recursos se basa en este crecimiento poblacional.
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