La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió el jueves que algunos países de Latinoamérica han cometido excesos a través de medidas de emergencia que han implementado para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, afectando los derechos más básicos de la población.
“El Covid está impactando ya los derechos humanos de las personas”, aseguró Michelle Bachelet en una conferencia virtual sobre seguridad en el Hemisferio Occidental organizada por la Universidad Internacional de la Florida. “En algunos países hemos visto un abuso, por decirlo así, en un exceso”, expresó.
Sin identificar a ningún país por su nombre, la expresidenta de Chile dijo que en algunas de las naciones de la región se han incrementado por decreto las atribuciones presidenciales o se ha eliminado o limitado la libertad de movilidad para evitar aglomeraciones, como así también se ha limitado la libertad de expresión o la libertad de prensa.
Anteriormente, Bachelet había expresado su preocupación por dos decretos de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en los que restringía la libertad de expresión. El gobierno los justificó para evitar la propagación de información falsa que atente a la salud pública, pero debido a los cuestionamientos los derogó.
Bachelet remarcó asimismo que cuando la gente no cumple los toques de queda, las fuerzas de seguridad hacen “muchas veces” un uso excesivo de la fuerza. “Eso hemos visto que está pasando en algunos países” de Latinoamérica, aseguró la comisionada de derechos humanos.
En las últimas semanas, algunas organizaciones han señalado a El Salvador de abusos por detener a quienes transgreden la cuarentena obligatoria y enviarlos por 30 días a una reclusión forzada. El presidente Nayib Bukele, desacató al menos tres veces las resoluciones de Corte Suprema que exigen respeto a los derechos humanos cuando las autoridades hacen cumplir la cuarentena, de acuerdo con Human Rights Watch, una organización no gubernamental que monitorea la situación de los derechos humanos en todo el mundo.
En Chile, el 1 de mayo, la policía antimotines detuvo a dirigentes sindicales y gráficos y camarógrafos de la prensa local y extranjera que cubrían una pequeña protesta en una céntrica plaza de Santiago. La policía dijo que los detuvo porque infringieron una orden sanitaria que prohíbe grupos de más de 50 personas.
Por otra parte, en marzo se registraron amotinamientos de presos en centros de detención de varios países latinoamericanos para reclamar por la falta de medidas de protección contra el COVID-19 y los intentos de confinarlos. Cientos se fugaron, hubo decenas de heridos y al menos 40 reclusos murieron en esos disturbios carcelarios en Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, y Brasil.
La pandemia “ha tenido un enorme impacto en el ejercicio de un amplio rango de derechos de la región debido a la pobre respuesta de muchos gobiernos”, expresó más tarde a la AP Tamara Taraciuk Broner, subdirectora interina para las Américas de HRW.
Como ejemplos, mencionó la negativa de los gobiernos de Brasil, Nicaragua y México de reconocer en un principio el problema “poniendo en grave riesgo el derecho a la salud de la población”. Y en Venezuela, donde el colapso del sistema sanitario era previo a la pandemia, “el régimen de Maduro se ha aprovechado de la pandemia para intensificar la represión no solo contra opositores, sino también contra periodistas y médicos que hablan de lo que realmente ocurre en el país”, manifestó Taraciuk Broner.
En su presentación virtual, Bachelet destacó que si bien la región ya atravesaba por una situación económica y social delicada, se agravarán con el COVID-19 las desigualdades, la pobreza, el desempleo, la hambruna y la inseguridad alimentaria, entre otras cosas. Todo esto, dijo, podría tener como consecuencia un aumento de las protestas sociales, que están siendo reprimidas con fuerza.
La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe, conocida como CEPAL, estima que en 2020 la región tendrá la peor contracción económica desde 1930, con una caída en el Producto Interno Bruto (PIB) del 5,3%. La desocupación, en tanto, podría ascender al 11,5%, afectando a más de 11,5 millones de nuevos desempleados.
Según estimados de ese organismo, la pobreza alcanzaría al 34,7% de la población latinoamericana (214,7 millones de personas) y la pobreza extrema al 13% (83,4 millones de personas).
Bachelet dijo que si los países y las instituciones internacionales no toman las medidas adecuadas para atender las necesidades de la población durante la pandemia, “la verdad es que el pronóstico no es bueno”.
Señaló que en 2019 “muchos” países de Latinoamérica violaron derechos humanos y civiles, y que su organización está especialmente preocupada por la situación en Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
“Son países donde los espacios democráticos se han ido reduciendo por distintas razones”, manifestó Bachelet sobre los dos primeros.
