![El Estado colombiano, con ayuda de organismos internacionales atiende las emergencias humanitarias generadas por el desplazamiento forzado. [Foto: Cortesía Unidad de Víctimas].](https://gdb.voanews.com/20d4528c-bd8a-4465-b783-3e22758f26b9_w250_r1_s.jpg)
Un incremento del 193% en los casos de desplazamiento forzado, en los primeros seis meses de este año, se presentó en Colombia, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA.
Al menos 44.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares por presión de grupos armados ilegales, cifra que ya superó el total de casos reportado en 2020.
Para el analista León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, el fenómeno se debe a la falta de presencia institucional del Estado en territorios que se disputan grupos armados ilegales y al deficiente manejo que ha hecho el actual gobierno del posconflicto, lo que ha permitido que grupos ilegales ocupen los antiguos territorios que dejó la desmovilización de la guerrilla de las FARC.
“La demanda es que llegué el Estado, con todas sus prerrogativas sociales, económicas y también de seguridad y de justicia. Los actores ilegales vuelven a copar esos territorios donde hay una disputa de riqueza enorme; la minería del oro ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando”, señaló.
Entre tanto, el investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, Jorge Restrepo, añade que el gobierno se equivoca al afrontar el problema con solo el componente militar y señala que se necesita reforzar la acción de la justicia.
“Falta de una presencia robusta del estado, comenzando por unas instituciones que estén preparadas para ofrecer seguridad de una manera eficaz y unas instituciones judiciales, no solo los jueces, sino comenzando por investigadores criminales de la Fiscalía y de la Policía, que respondan eficazmente a esas organizaciones delictivas”, manifestó.
Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, señala que los grupos armados, dedicados a economías ilegales, y que se disputan los territorios, utilizan la presión sobre la población civil como mecanismo contra los operativos de las Fuerzas Militares.
“Cada vez que las operaciones militares están llegando a cercarles el paso, utilizan a la ciudadanía, generándole miedo, para que a través de estos desplazamientos traten de distraer la Fuerza Pública”, aseguró el funcionario.
Colombia afronta actualmente el desplazamiento de más de cuatro mil personas en el municipio de Ituango, Antioquia, seis mil confinados en el departamento de Chocó y más de 10 mil desplazados en los departamentos de Nariño y Cauca, en todos los casos por presiones o enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, dedicados al narcotráfico y la minería ilegal.
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